La violencia en el Valle del Cauca sigue generando preocupación en comunidades rurales de municipios como Jamundí y Sevilla, donde líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) aseguran estar bajo presión de grupos armados para gestionar el cobro de extorsiones. Según denuncias de habitantes, estas estructuras ilegales estarían utilizando a dirigentes vecinales como intermediarios entre los grupos armados y la población local.
Los reportes indican que los frentes armados conocidos como ‘Jaime Martínez’ y ‘Adán Izquierdo’, bajo presunto mando de alias Iván Mordisco, habrían impuesto a presidentes y miembros de las JAC la tarea de recolectar pagos conocidos como “vacunas”. Los dirigentes deben visitar a las familias en veredas y corregimientos y entregar los recursos a los grupos armados junto con un informe detallado de lo recaudado.
Las tarifas no son uniformes y varían según la capacidad económica de cada hogar. Según los testimonios, las familias con automóvil estarían obligadas a pagar aproximadamente 120.000 pesos por trimestre, quienes poseen motocicleta 60.000 pesos mensuales, y quienes solo cuentan con vivienda 30.000 pesos.
Zonas afectadas y coordinación de las extorsiones
En Jamundí, los sectores más afectados son San Antonio y las veredas El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa, bajo coordinación de un supuesto líder conocido como alias ‘Gerson’. En Chorrera Blanca, otro presunto responsable sería alias ‘Plátano’. En Sevilla, los corregimientos y veredas de Chorreras, Coloradas, San Antonio, La Floresta, Circacia y Santa Elena también presentan situaciones similares, según los informes comunitarios.
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Los líderes comunales se encuentran en una posición vulnerable, ya que estas actividades los colocan en riesgo y afectan la labor que realizan para representar a sus comunidades. Habitantes locales insisten en que la presión económica y el miedo generado por estas prácticas dificultan el cumplimiento de sus funciones.
Llamados a la intervención institucional
Las comunidades han solicitado mayor presencia institucional y mecanismos de protección específicos, con el objetivo de que los líderes comunales puedan ejercer su labor sin intimidaciones. La situación en Jamundí y Sevilla refleja la persistencia de grupos armados en ciertas zonas rurales del Valle del Cauca, donde el control territorial y la presión sobre la población continúan siendo un reto para la seguridad y el orden público.
