Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 21 de los 42 municipios del Valle presentan riesgo electoral. De estos, 19 son por factores de violencia. Cali tiene un riesgo extremo, mientras que el Dovio y Buenaventura presentan riesgo en las cuatro categorías, fraude en presidencia, senado y Cámara, y factores de violencia. Los datos llegan en aras de las próximas elecciones a Congreso y consultas presidenciales, programadas para el 8 de marzo.
En medio de ese panorama, en todo el país hay 170 municipios en riesgo: 39 más que en las elecciones del 2022. De esos, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Los focos críticos están Arauca, el nordeste Antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el Norte del Cauca, algunas zonas del suroriente colombiano y el medio y bajo Putumayo.
Un panorama electoral marcado por la violencia
El magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, marcó un panorama violento para el contexto electoral que se avecinaba. Aunque su asesinato se dio antes del inicio formal de las campañas, fue un precedente clave para que otros precandidatos exigieran al gobierno de Gustavo Petro garantías para su seguridad.
Tras su muerte en agosto del año pasado, dos meses después de haber sido víctima de un atentado a disparos en pleno acto público de campaña, ocurrieron otros incidentes. Por ejemplo, el 5 de febrero de este año, atentaron contra una de las camionetas una de las camionetas del senador y candidato Verde, Jairo Castellanos. Y asesinaron a dos miembros de su esquema de seguridad en un retén ilegal de un grupo armado.
También, han habido tres secuestros. El primero fue el de la senadora indígena Aida Quilcué, quien desapareció junto a su equipo en una zona rural de Cauca el 10 de febrero. La Guardia Indígena los rescató horas después. Al parecer, habría sido secuestrada por disidencias de las extintas Farc.
Los otros dos ocurrieron el 25 de este mes. Por un lado, Andrés Vasquez, candidato al Senado por el partido Conservador, desapareció mientras se dirigía a una reunión política en el Cesar. Por otra parte, Ana Libia Guetio, candidata indígena a curul de paz, desapareció en una zona rural del Cauca tras salir de un acto de campaña. Ambos fueron encontrados, pero se presume que fueron secuestrados.
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El contexto en el Valle
La MOE advirtió que 21 de los 42 municipios del Valle del Cauca presentan algún tipo de riesgo electoral. Esto representa la mitad del departamento. De esos, 19 tienen riesgo por factores de violencia, los cuales se asocian a la presencia de grupos armados o bandas delincuenciales que puedan coartar a la población.
En el caso de Cali, existe un riesgo extremo por violencia. Esto obedece a que, tal como lo contó CW+, Cali es la ciudad más peligrosa de Colombia en cuanto a homicidios. Como reportó esta nota de investigación, al menos el 66% de estos son ajustes de cuentas; el 30% son por intolerancia o violencia impulsiva; el 3% son por hurtos y el 1% equivale a otras causas. Además, la ciudad atravesó cerca de 12 atentados terroristas en 2025.
Por otra parte, los municipios con mayor amenaza son Dagua y Buenaventura, ambos con riesgo de fraude electoral y violencia. Según la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), en el municipio portuario están el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional. También los Shottas y Espartanos, las dos bandas criminales locales más peligrosas de Buenaventura.
Además, el Valle comparte frontera con el Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Este factor hace que la violencia escale, producto de enfrentamientos entre grupos armados ilegales por control territorial, del narcotráfico y de otras economías ilícitas.
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El horizonte de hacer campaña en el Valle
Hasta ahora, ningún candidato ha sido asesinado o secuestrado en el Valle. Sin embargo, esto no es un factor de confianza para quienes hoy hacen campaña en el territorio. Algunos candidatos de diferentes orillas ideológicas aseguran a CW+ Noticias que han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y que tienen limitaciones para poder recorrer algunas zonas del departamento.
Desde el Pacto Histórico, el actual representante y candidato a la Cámara, Alfredo Mondragón, confirmó a CW+ que desde el año pasado el partido ha sido víctima de violencia. El 15 de agosto del 2025, asesinaron al líder social Álvaro Roncancio en Palmira, luego de ser interceptado por hombres armados cuando se movilizaba en su vehículo. Él ya había reiterado en varias ocasiones que su vida corría peligro.
El 25 de octubre desapareció Gustavo Artunduaga cuando se dirigía de Restrepo a Buga. Aún no se conoce su paradero. Dos meses después, el 31 de diciembre, el líder sindical Alejandro Caicedo sufrió un ataque que lo dejó en cuidados intensivos. Y desde la madrugada del 27 de febrero, Daniel Gómez, líder social y miembro del equipo de la candidata del Pacto Histórico, Ana Erazo, está desaparecido en Bogotá.
Pero esto no solo pasa con los candidatos y activistas de izquierda. El también candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Santiago Castro, dice que ha sufrido hostigamientos. “No he podido ir a municipios de la cordillera como El Águila, El Cairo y Argelia. He tenido problemas para poder visitar corregimientos importantes y municipios del llano”, dijo a CW+ Noticias. Y la candidata de ese partido, Alejandra Cifuentes, señaló que aunque no ha sufrido ninguna amenaza, siempre debe estar precavida especialmente en municipios como Jamundí, Yumbo y Buenaventura.
Esta misma percepción la comparten Hernando González, representante y candidato de Cambio Radical, y Michelle Obando, candidata del Frente Amplio. Aunque Obando dice no haber sido víctima de amenazas, sí recibe ataques e insultos por redes sociales.
La estrategia del gobierno
El Ministerio de Defensa lanzó el Plan Democracia de cara a este año electoral. Se realizará en conjunto con las Fuerzas Militares, Registraduría, Contraloría y Procuraduría, con quienes se establecerán puestos de mando unificados los días de las elecciones.
La idea es fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los municipios con más alto riesgo por violencia durante los días de sufragio, así como permitirle a la ciudadanía alertar cualquier indicio que atente contra la transparencia, como la cooptación del voto o el fraude electoral.
Como primera medida para las elecciones del 8 de marzo, el gobierno ya decretó ley seca desde el día anterior a las 6 pm, hasta el lunes 9 de marzo a las 6 am. También las fronteras serán cerradas a partir del 7 de marzo.
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