Un juez ordenó la protección del buen nombre y la honra de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La decisión judicial obliga al diputado Esteban Oliveros a rectificar una serie de publicaciones realizadas en sus redes sociales contra la mandataria regional. Según el fallo del Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali, el asambleísta difundió información que no contaba con el sustento verídico necesario.
La controversia comenzó el pasado 27 de febrero, cuando el diputado publicó un video en su cuenta de Facebook. En ese contenido, el funcionario aseguraba que la gobernadora había ordenado a miles de contratistas reportar su cuenta de Instagram para censurarla. Ante estas afirmaciones, la mandataria solicitó inicialmente una rectificación privada el 18 de marzo, pero el diputado se negó a realizarla.
Debido a esto, el equipo jurídico de la gobernadora presentó una acción de tutela para defender su integridad moral. El abogado Germán Calderón informó que la sentencia ampara los derechos fundamentales y exige claridad sobre los hechos mencionados. “El juez constitucional le ampara los derechos al buen nombre y a la honra”, manifestó el defensor a través de sus canales oficiales.
Plazos para la rectificación pública
La juez Lina Maritza Muñoz concluyó que la libertad de expresión no permite comunicar hechos sin estándares mínimos de veracidad. Por esta razón, el diputado Oliveros Montoya tiene un plazo de cinco días para publicar un mensaje de rectificación en su perfil. En dicho texto, debe aclarar que no tiene pruebas que demuestren órdenes de censura por parte de la gobernadora.
La rectificación debe ser visible en el mismo formato de la publicación original para garantizar que llegue a la misma audiencia. Además, el despacho judicial negó las peticiones del diputado que buscaban condenar a la mandataria por supuesto acoso judicial.