La crisis hospitalaria en el suroccidente colombiano llegó a un punto aún más crítico y provocó una dura batalla judicial. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, interpuso una Acción Popular ante la jurisdicción contenciosa administrativa para proteger a más de un millón de pacientes.
La mandataria tomó la decisión debido al colapso financiero que sufren las clínicas y hospitales por los impagos de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional. Esta medida jurídica pretende frenar los cierres de servicios médicos y el desabastecimiento de fármacos que afecta a los municipios del departamento.
La situación actual en las salas de urgencias de Cali y el resto del departamento es insostenible por la sobreocupación. El freno en los giros de dinero provocó el cierre de 2.000 servicios médicos esenciales y eliminó más de 2.400 empleos del sector.
“Durante meses hemos insistido, hemos hecho seguimiento y hemos buscado soluciones, pero la realidad que viven millas de familias nos obliga a actuar. Esta no es una pelea política. Es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesita: a la atención de la gente”, señaló.
La Gobernación busca que el Tribunal Administrativo del Valle ordene el desembolso inmediato del dinero adeudado para evitar que los centros asistenciales apaguen sus equipos. “Le pedimos a la justicia medidas urgentes para garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan”.
EPS en la mira
La falta de flujo de caja pone en peligro la atención de las personas afiliadas a entidades como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud. La red pública regional advirtió que no tiene insumos suficientes para sostener los tratamientos ante una cartera que ya supera los 7 billones de pesos.
“No podemos aceptar que una madre tenga que recorrer varias farmacias para conseguir el medicamento de su hijo; que un adulto mayor espere meses por una cita o un tratamiento; o que nuestros hospitales sigan atendiendo urgencias desbordadas mientras enfrentan una crisis financiera causada por millonarias deudas”.
La justicia como último recurso ante el silencio de Bogotá
Por su parte, la directora jurídica de la Gobernación, Diana Lorena Vanegas, explicó que los canales administrativos normales ante el Ministerio de Salud fracasaron. La funcionaria argumentó que la Acción Popular era la única vía rápida para conseguir cautelares obligatorias que protejan el derecho medidas fundamentales a la vida.
“Representa mayor inmediatamente a cautelativas que pueden evitar que estos derechos colectivos y sociales de la comunidad, que son inherentes a la misma medidas de salud, que incluso pueden conexar con el derecho a la vida, sean atendidos de una forma prioritaria ya que los recursos en vía administrativa, ante el Gobierno nacional y ante el Ministerio de Salud, han sido insuficientes y esas autoridades no han dado respuesta a ese clamor”.
