Un informe de la Contraloría de Cali detectó supuestas irregularidades en el manejo de más de 462 millones de pesos durante la planeación y ejecución de la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del mundo que se hizo en Cali entre octubre y noviembre del año pasado. En total, encontró 16 hallazgos administrativos.
Según confirmó la Alcaldía a El País de Cali, varios organismos “están revisando con detenimiento el informe entregado por la Contraloría, con el mayor respeto institucional y dentro del marco legal correspondiente”. Por su parte, la concejal Ana Erazo cuestionó a la administración y le pidió explicaciones. “El Dagma presuntamente operó como una máquina de contratación sin norte”, dijo.
Los hallazgos de la Contraloría determinan falencias en la planeación estratégica, operativa y presupuestal. Por eso, señala presuntas inconsistencias entre los objetos contractuales, su ejecución y los fines públicos esperados, algo que afectó “los principios de eficiencia, eficacia y finalidad del gasto público”.
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Algunos de los hallazgos de la Contraloría
La Contraloría encontró 16 hallazgos administrativos. De esos, 11 con alcance disciplinario, 1 hallazgo penal y otros 4 fiscales. Determinó que hubo ausencia de planeación integral de la COP16. Según determinó, hubo falta de un plan maestro de preparación de la ciudad, así como el bosquejo detallado de un presupuesto y de estudios técnicos y diagnósticos. También especificó que la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Dagma ejecutaron contratos que nada tenían que ver con el evento.
Algunos de los contratos incluyeron adquisición de uniformes y dotación, actividades de promoción y difusión de estrategias de riesgo, adquisición de elementos electrónicos y de comunicación, y servicios profesionales especializados para el Dagma, por más de 161 millones de pesos.
También encontró que un contrato de la Secretaría de Desarrollo por 600 millones, el contratista no cumplió con los requisitos de experiencia exigidos en los estudios previos, al no presentar la cantidad ni cuantía de certificaciones contractuales requeridas. También otras irregularidades como la falta de coherencia en documentos y funciones contratadas que no se ejecutaron. Además de un presunto detrimento patrimonial por 180 millones.
¿Qué dice la Alcaldía?
“En el Dagma se realizó una gestión de vigilancia y control de la ejecución de los contratos de prestación de servicios que coadyuvaron a la celebración de la COP16. Cada uno de los expedientes contractuales contiene todos los informes de las actividades detalladas y las evidencias correspondientes”, le dijo a El País Mauricio Mira, director del Dagma.
Incluso, señaló que la realización dela COP16 implicaba que los profesionales contratados dominaran un segundo idioma “y que cumplieran además con todos los requisitos jurídicos que se requerían, según la normatividad”. Por ahora, la Alcaldía revisa el informe y las denuncias hechas por la concejal Ana Erazo para determinar el futuro actuar.
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