Este 30 de julio, la investigación contra la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, y el vicepresidente de esa corporación, Andrés Escobar, por presuntas irregularidades en la elección de contralor distrital, pasó de la Fiscalía 18 Seccional de Cali a la Fiscalía 06 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. La decisión, firmada por fiscal general, Luz Adriana Camargo, se dio a través de la Resolución 0-0220, a la cual CW tuvo acceso. Como hay varias investigaciones por la elección de contralor, la Fiscalía decidió unificarlas en una sola dirección investigativa.
Plaza y Escobar responden por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Son los principales indiciados al ser miembros de la mesa directiva del Concejo de Cali y por haber firmado la resolución que dejó sin efecto el anterior proceso para elegir contralor, así como reiniciarlo de cero, a pesar de que varias decisiones judiciales dieron luz verde para poder continuar. Como reportó la Unidad Investigativa de CW+ Noticias, la Fiscalía también buscará investigar a otros 12 concejales por romper el quórum los días de entrevistas a los ternados y presunta complicidad para no elegir. Fuentes incluso señalan de presuntos sobornos y presiones políticas detrás del proceso. CW también conoció que la investigación disciplinaria contra estos concejales será asumida por el viceprocurador general, Julián Fernández.
Tanto Plaza como Escobar han defendido su inocencia. La audiencia de imputación de cargos contra ambos concejales, que estaba citada para el próximo 18 de agosto, se aplazó. Esto, por el cambio de Fiscalía en el caso. La Sexta Delegada ante la Corte tendrá que estudiar el caso, evaluar las pruebas y luego volver a citar la audiencia.
—La decisión de la fiscalía general en el caso
Daniella Plaza y Andrés Escobar, como presidenta y primer vicepresidente del Concejo, expidieron la resolución 073 del 10 de marzo de 2026 que revocó la terna y suspendió el proceso de elección de contralor. Ese documento, además, ordenó comenzar de cero la elección. La concejal del Pacto Histórico y primera vicepresidenta, María del Carmen Londoño, no firmó la resolución y advirtió desde entonces que podría cometer un delito al hacerlo. Por eso, Londoño no está siendo investigada.
La concejal del petrismo tampoco firmó la resolución que contrató a la Universidad de Pamplona para volver a hacer todo el proceso. Cabe aclarar que el anterior proceso, que se cayó, fue adelantado por la Universidad Pegagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), cuyo contrato fue liquidado.
En el marco de ese contexto, la Fiscalía 18 Seccional de delitos contra la administración pública (Cali) era la encargada de investigar. Pero por decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ahora el caso se llevará desde Bogotá. La Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema también tiene en su poder una investigación contra Samuel Arrieta, el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. En abril de este año, CW reveló una denuncia contra Arrieta por presuntamente extralimitar sus funciones y prevaricar por acción por supuestas irregularidades en su intervención en el proceso.
Como procurador, Arrieta alertó presuntas irregularidades en el proceso de elección de contralor. Lo hizo en octubre del 2025. Aunque no dio una orden directa de suspender el proceso, sí le pidió al Concejo de Cali abstenerse de elegir contralor hasta subsanar supuestos vicios. Según Arrieta, la mesa directiva de la corporación no delegó funciones e incumplió el deber de publicación previa del proyecto de convocatoria. Desde entonces, la elección entró en un bucle. Cerca de 14 concejales, entre ellos Plaza y Escobar, se negaron a elegir a uno de la terna, conformada por Amanda Gallego, Gustavo Barrientos y Diego Mauricio López. Esto, a pesar de dos fallos de jueces diferentes determinaron que el proceso podía seguir adelante.
La investigación contra Arrieta es una de las cinco en paralelo que la Fiscalía tiene en sus manos. Por eso, decidió mover el caso hasta esa unidad.
“Durante el comité se advirtió que la investigación objeto de análisis no corresponde a un hecho aislado, sino que existen varias investigaciones con ocasión de las controversias relacionadas con la elección del contralor distrital de Cali”, se lee en el documento. Se refiere a un Comité Técnico Jurídico, conformado por el vicefiscal general, la directora seccional de Cali, la fiscal asignada al caso y asesores de la entidad.
—La investigación disciplinaria contra los otros concejales también pasa a Bogotá
Los 14 concejales que investiga la Procuraduría, encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos, son: James Agudelo, Carlos Arias, Fabio Arroyave, Marlon Cubillos, Tania Fernández, Edinson Giraldo, Alexandra Hernández, Juan Felipe Murgueitio, Carlos Patiño, Henry Peláez, Carlos Pinilla, Audry Toro, Daniella Plaza y Andrés Escobar. Estos concejales se negaron a participar de las Plenarias para escuchar a los ternados y rompieron el quórum no asistiendo. De hecho, hubo polémica por fotos reveladas que mostraron a los concejales en otros espacios públicos en las mismas fechas que estaban citadas las Plenarias.
Esos mismos concejales que rompieron el quórum, fueron los que firmaron una solicitud para revocar el proceso de elección el 5 de noviembre del año pasado, solo una semana después de que la Procuraduría pidió no elegir contralor hasta subsanar. Los firmantes de ese documento aseguraron “acoger las observaciones de la Procuraduría” y, por ende, estar de acuerdo en revocar todo el proceso. Aunque en ese entonces Tania Fernández no firmó al ser primera vicepresidenta del Concejo, sí se ausentó de las Plenarias.
Bajo esta sombrilla y tras una denuncia de Diego López, uno de los ternados, la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca abrió una investigación disciplinaria contra los concejales bajo tres argumentos: (i.) los intentos de anular la convocatoria (ii.) la falta de quórum por inasistencia y (iii.) la posible extralimitación y omisión de sus funciones. Pero el pasado 10 de junio, la Procuraduría General de la Nación dejó en firme la decisión del viceprocurador general, Julián Fernández, de asumir él la investigación. En el marco del proceso, Fernández ejerce su facultad de competencia preferente al tratarse de servidores públicos de elección popular; un posible riesgo para la institucionalidad y el presunto desconocimiento de deberes constitucionales por parte de los concejales.
Además, Unidad Investigativa de CW reportó que estos concejales también entrarían a ser investigados por la Fiscalía en una segunda fase. Serán interrogados y podrían también enfrentar una posible imputación de cargos. El pasado 10 de marzo, el activista y veedor ciudadano, Fede Castiblanco, publicó en su cuenta de X presuntos archivos filtrados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los documentos serían de una investigación que estaría adelantando el órgano acerca de presuntas presiones y sobornos para no elegir contralor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado la veracidad de los documentos y concejales niegan su existencia.
Por ahora, la contralora encargada es Luz Arianne Zúñiga. El alcalde Alejandro Eder la designó vía decreto para 2026 ante la falta de un contralor en propiedad por su no elección y luego fue ratificada por el Concejo de Cali en ese cargo. El pasado 7 de mayo, 14 concejales votaron por Zúñiga para que se quedara como contralora encargada. Otros cuatro votaron en blanco, dos por James Arroyo y director técnico ante recursos naturales y aseo y uno por Paola Andrea Parra, directora técnica ante el sector físico. La elección fue convocada porque en abril, el Consejo de Estado le ordenó al Concejo elegir un contralor encargado en los próximos cinco días y un contralor en propiedad en un plazo de tres meses.
