Cali sigue sin un contralor en propiedad. La elección, que debía hacerse en diciembre del año pasado, se ha visto atropellada por decisiones judiciales y políticas que la mantienen en vilo. El pasado 10 de julio, la Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento a los concejales Daniella Plaza y Andrés Escobar —de Colombia Renaciente y el Centro Democrático—. La audiencia, inicialmente programada para el 4 de agosto, se aplazó un día por petición de la defensa de Plaza. La Fiscalía los citó por presuntamente prevaricar como parte de la mesa directiva del Concejo de Cali. Pero el proceso no solo los incluye a ellos, sino a otros 12 concejales, como confirmaron a CW+ fuentes cercanas al caso.
Según confirmó el jurista y exprocurador Eduardo Castillo a este medio, Plaza y Escobar hacen parte de un primer paquete en la investigación. Los otros concejales vienen en una segunda fase. Como reportó CW, Castillo es quien, en principio, denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades del procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Benjamín Samuel Arrieta, quien formuló alertas y observaciones al Concejo. Como también contó este medio, la denuncia de Castillo es una de las bases para que la Fiscalía abriera una investigación formal en el marco de la elección a contralor.
El caso lo está llevando formalmente la Fiscalía 18 seccional de delitos contra la administración pública, encabezada por la fiscal Angie Cabrera Hernández. Como víctimas aparecen los tres ternados: Diego Mauricio López, Ligia Amanda Escobar y Gustavo Barrientos.
Contexto: Fiscalía sí investiga presuntas irregularidades en elección de contralor de Cali.
—La citación a Plaza y Escobar
Según la información del caso que arroja el SPOA de la Fiscalía, el órgano tiene dos delitos en el radar: prevaricato por acción y prevaricato por omisión, ambos consagrados en los artículos 413 y 414 de la Constitución, respectivamente. Inicialmente, los principales salpicados son Daniella Plaza y Andrés Escobar, porque como presidenta y segundo vicepresidente del Concejo expidieron la resolución 073 del 10 de marzo de 2026 que revocó la terna y suspendió el proceso de elección de contralor. Ese documento, además, ordenó comenzar de cero la elección. La concejal del Pacto Histórico y primera vicepresidenta, María del Carmen Londoño, no firmó la resolución y advirtió desde entonces que podría cometer un delito al hacerlo.
Esa resolución se dio aún cuando el proceso estaba vivo. Aunque la Procuraduría, en cabeza de Samuel Arrieta, alertó presuntas irregularidades, no había orden directa para suspender el proceso, pero sí de abstenerse de elegir contralor hasta subsanar todos esos presuntos vicios. Incluso, varias decisiones judiciales indicaron que la elección podía continuar. Sin embargo, Plaza y Escobar ordenaron suspender todo y reiniciarlo para “subsanar” las presuntas inconsistencias indicadas por el Ministerio Público que luego podrían derivar en “eventuales investigaciones disciplinarias, electorales o de control de legalidad”.
Además de esta resolución, el 29 de abril, el Consejo de Estado le ordenó al Concejo elegir un contralor encargado en los próximos cinco días y un contralor en propiedad en un plazo de tres meses. Por eso, en Plenaria del 7 de mayo, con 14 votos a favor, Luz Arianne Zúñiga fue designada como contralora encargada. Zúñiga ya ocupaba ese cargo por orden del alcalde Alejandro Eder, quien la designó contralora interina vía decreto a partir del 1 de enero de este año, y junto a ella, participaron otros cuatro candidatos. Otra vez, Londoño se rehusó a elegir porque, según explicó, el Consejo de Estado “dejó sin fundamento la elección de Zúñiga porque lo hizo el alcalde Alejandro Eder para garantizar la transparencia”.
En paralelo, el Concejo contrató a la Universidad de Pamplona para brindar asesoría y acompañamiento técnico en la nueva elección de contralor en propiedad. La institución que surtió inicialmente el proceso fue la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), pero ese contrato ya fue liquidado. Según la Procuraduría, la Uptc “habría analizado y respondido reclamaciones de aspirantes sin tener competencia legal para ejercer funciones de gestión público-administrativa”. En el marco de la nueva convocatoria, el pasado 6 de julio se publicó la lista preliminar de 39 admitidos que tendrán que presentar las pruebas escritas, otro de los filtros para definir otra terna. De hecho, esa resolución tampoco fue firmada por la concejal Londoño. Pero CW+ Noticias conoció que ya avanza otro proceso para frenar esta nueva elección.
Por estas actuaciones, la Fiscalía investiga si ambos miembros de la mesa directiva prevaricaron, o sea, si en calidad de funcionarios públicos actuaron a conciencia de manera contraria a la ley. Por eso, los citó a una audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento. Inicialmente, estaba programada para el 4 de agosto a las 8:45 de la mañana, pero se aplazó un día tras una solicitud de la defensa de Plaza. El abogado Jorge Óscar Sotelo, defensor de la concejal, aseguró que por su tratamiento de hemodiálisis, no podía asistir a la audiencia.
El Juzgado 15 Penal Municipal reprogramó la audiencia para el 5 de agosto. Pero le ordenó a Sotelo presentar los soportes médicos y, de comprobar que la justificación de salud carezca de sustento real, aseguró que compulsará copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El tribunal incluso ordenó mantener la designación de los defensores públicos asignados por el Sistema Nacional de Defensoría Pública para evitar la dilación de la audiencia. Esta es una alternativa por si Sotelo no puede continuar con su defensa.
Entre tanto, Plaza se ha defendido. “Puedo afirmar con total tranquilidad que todas las decisiones adoptadas durante el proceso de elección del contralor estuvieron fundamentadas en la Constitución Política, la ley y las competencias que corresponden a la mesa directiva. Respeto la actuación de la Fiscalía General de la Nación y acudiré a la audiencia programada con toda la disposición de colaborar con la administración de justicia y aportar los elementos que sean requeridos. Confío en que, dentro del debido proceso, prevalecerá la verdad de los hechos”, dijo.
—Los otros concejales que entrarían en la ecuación
Los otros concejales que eventualmente serían llamados a responder a la Fiscalía son Tania Fernández, Audry Toro, Henry Peláez, Carlos Andrés Arias (Partido de La U); Carlos Pinilla, James Agudelo, Fabio Arroyave (Liberal); Alexandra Hernández (Cambio Radical); Felipe Murgueitio (Centro Democrático); Marlon Cubillos (Conservador); Carlos Patiño (Partido Verde), Luis Fernando Salazar (Pacto Histórico) y Edison Giraldo. En pocas palabras, los concejales que se ausentaron en las Plenarias para romper el quórum y no elegir contralor.
Quienes sí asistieron a esas Plenarias fueron Edinson Lucumí y Ana Erazo, de Cambio Radical y del Pacto Histórico, entonces miembros de la mesa directiva. Erazo renunció a su curul y hoy es representante electa a la Cámara. También asistieron Roberto Ortiz, del estatuto de oposición; Flower Rojas y Rodrigo Salazar, del Partido Verde; y María del Carmen Londoño, también del Pacto. Cabe resaltar que la mesa directiva fue renovada en enero de este año, cuando resultaron electos Plaza, Escobar y Londoño.
Esos mismos concejales que rompieron el quórum, fueron los que firmaron una solicitud para revocar el proceso de elección el 5 de noviembre del año pasado, solo una semana después de que la Procuraduría pidió no elegir contralor hasta subsanar. Los firmantes de ese documento aseguraron “acoger las observaciones de la Procuraduría” y, por ende, estar de acuerdo en revocar todo el proceso. Aunque en ese entonces Tania Fernández no firmó al ser primera vicepresidenta del Concejo, sí se ausentó de las Plenarias. Incluso, hubo polémica por fotos de algunos concejales en centros comerciales y otros espacios públicos a la misma hora que estaban citadas las Plenarias.
Una fuente de la Fiscalía confirmó que estos concejales entrarían en una segunda fase. Serán interrogados y podrían también enfrentar una posible imputación de cargos. El pasado 10 de marzo, el activista y veedor ciudadano, Fede Castiblanco, publicó en su cuenta de X presuntos archivos filtrados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los documentos serían de una investigación que estaría adelantando el órgano acerca de presuntas presiones y sobornos para no elegir contralor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado la veracidad de los documentos y concejales niegan su existencia. Otros concejales, como Carlos Arias, han negado cualquier vinculación a actos ilegales.
Por ahora, lo cierto es que aún no hay contralor y el tiempo se agota para elegir. Mientras avanza un segundo proceso de elección, también en riesgo de frenarse, las cuentas públicas de la ciudad y el futuro judicial de varios concejales siguen en incertidumbre.
Para conocer más acerca de todo el caso con la fallida elección de contralor de Cali, escuche este capítulo de nuestro pódcast:
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