“La Superintendencia de Servicios Públicos devolverá la empresa Emsirva a la ciudad de Cali. Nuestro propósito es realizarlo antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro”, anunció el superServicios Felipe Durán el pasado abril tras finalizar un debate de control político en la Cámara de Representantes. Un propósito que, al parecer, no podrá cumplirse.
Aunque el plazo para finalizar la liquidación de Emsirva y completar su eventual devolución a la ciudad tras 21 años intervenida era para el 30 de junio, este se extendió hasta diciembre. Aunque la Alcaldía y el gobierno nacional se tiran la pelota por la dilación del proceso, lo cierto es que Cali sigue a la espera de recibir su empresa de aseo público y poder, al fin, administrarla desde lo local.
Para entender lo que hay detrás de la intervención a Emsirva y del negocio de las basuras, CW+ Noticias traza su historia:
—Una larga intervención en la que Cali asumió el pago de la deuda
Emsirva E.S.P. fue intervenida por decisión del gobierno del expresidente Álvaro Uribe en 2005, tras 40 años funcionando. Esa empresa la creó el Concejo en 1966 para que se encargara de los servicios públicos de barrido, recolección y disposición de basuras. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó intervenirla por un déficit operacional de 2.200 millones al mes que hizo insostenible pagar las pensiones a más de mil trabajadores.
En 2006, la SuperServicios adoptó un plan de salvamento y en enero del año siguiente, la ciudad se reorganizó en cuatro zonas para tercerizar el aseo público. Desde entonces, Promocali, Promovalle, Ciudad Limpia y Veolia son las empresas encargadas del negocio. En 2008, se abrió una Fiducia con Fidupopular para canalizar el pago de las tarifas y asegurar la continuidad del servicio. Aquí, Emcali ha funcionado como facturador y esa plata la ha transferido a la fiducia.
Pero en marzo del 2009 la SuperServicios la intervino porque no hubo acuerdos con el sindicato de trabajadores, cubría apenas el 38% del aseo en Cali y había incumplimiento con la buena disposición final de los residuos.
Así comenzó la historia de intervención y liquidación que hoy en día completa 21 años por más de 15 años de prórrogas. En medio del proceso, la Alcaldía asumió la responsabilidad legal de la deuda, concedida a través del Acuerdo 0561 de 2022, creado por el Concejo de Cali y firmado por el exalcalde Jorge Iván Ospina. En pocas palabras, firmó como deudor e hizo el trámite de normalización pensional. O sea, se constituyó como el garante jurídico e institucional definitivo de esa obligación con los jubilados. Por eso, le quitó el peso legal a Emsirva para que, frente al Estado, se pudiera presentar como una empresa saneada.
El pasivo pensional de Emsirva ascendía a los 100 mil millones de pesos. Esta obligación representaba más del 70% de la deuda total de la empresa pública. Así, el resto de las deudas, como los pasivos externos y de funcionamiento, se pagaron con la plata de las tarifas del aseo público. Al subcontratar la operación con los cuatro operadores privados, la empresa mantuvo su catastro de usuarios activo y utilizó ese flujo de caja constante para saldar de forma progresiva sus deudas. Esa deuda, según confirmó a CW la agente liquidadora de Emsirva, Adriana Betancourt, terminó de pagarse en 2026.
“Al despejar este pasivo estructural, el Distrito removió barreras que impedían avanzar en la recuperación del control sobre la empresa y la prestación del servicio, con la transparencia y legalidad que exige el manejo del patrimonio público”, dice a CW Ana Catalina Castro, directora del Departamento de Administración Jurídica. Esta entidad es la encargada de blindar jurídicamente a la Alcaldía en el caso de Emsirva.
—El atropellado paso de múltiples funcionarios en medio del proceso
La promesa de recuperar Emsirva viene desde la Alcaldía de Rodrigo Guerrero. De hecho, el exalcalde Jorge Iván Ospina pidió varias veces que la empresa se devolviera al Distrito. Con la llegada de Alejandro Eder a la Alcaldía de Cali, el problema también cayó en sus manos.
El 3 de abril de 2024, cuatro meses después de la posesión de Eder, el alcalde se reunió con el entonces superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga. En ese entonces, acordaron un plan de trabajo para devolver Emsirva a Cali y el 17 de septiembre de ese mismo año, ambos firmaron un convenio que así lo ratificó.
Pero Quiroga salió de la entidad justo ocho días después de firmar el documento por “diferencias” con la Casa de Nariño en la forma como estaba interviniendo el sector de energías y gas, según dijo él. En su reemplazo llegó Yanod Márquez y en enero del 2025, Eder nombró a su exsecretario de Deporte, Felipe Montoya, como futuro gerente de Emsirva y líder del empalme. Ese mismo mes, la entonces agente liquidadora Adriana Betancourt anunció que la empresa estaba lista para regresar a la ciudad y días después también la removieron del cargo. La reemplazó Fabio Tabera.
Tabera llegó el 15 de enero. Durante su gestión, insistió varias veces en que no era viable regresar Emsirva a Cali y que había que entregar a la Alcaldía los remanentes y no la empresa en sí. En ese entonces, el representante por el Valle Julián López aseguró que, aunque se logró un acuerdo con el exsuperintendente Márquez, Tabera “no le quería entregar Emsirva a Cali”. En ese entonces, el plan para liquidar estaba proyectado hasta el 28 de enero del 2026.
Tabera salió del cargo en agosto del 2025, en su lugar asumió Ángela Rojas, pero solo estuvo 18 días como agente liquidadora. Cuando salió Tabera, también se fue Márquez de la Superintendencia y llegó Felipe Durán, quien permanece en ese cargo. Con Durán, Adriana Betancourt regresó como agente liquidadora. Llegado el 28 de enero, Betancourt decidió no prorrogar los contratos con los cuatro privados y, por el contrario, el esquema de aseo público entró en un mecanismo de libre competencia. A su vez, el proceso de liquidación se extendió hasta el 30 de junio y luego hasta diciembre.
A pesar de los múltiples cambios en las cabezas de la SuperServicios y de liquidadores, una fuente que conoce de cerca la intervención a Emsirva y que pidió su reserva, confirmó que los cambios en la Unidad Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la encargada de coordinar y dirigir la prestación de servicios públicos, también ha afectado. “Con Camilo Murcia había más fluidez. Él se fue y no ha sido lo mismo”, dijo.
Murcia estuvo en esa cartera hasta el 6 de octubre del año pasado. Fue reemplazado por Diego Hau, quien estuvo suspendido dos meses, entre diciembre de 2025 y febrero de este año, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación del alumbrado público, que el funcionario siempre negó. Durante ese tiempo, estuvo al frente Felipe Salcedo, pero Hau regresó en febrero luego de que la Procuraduría levantara su suspensión.
Pero, para Hau, la responsabilidad tiene que ver directamente con la SuperServicios y el gobierno nacional. “A lo largo del 2025 la Alcaldía radicó ante el Gobierno Nacional, múltiples solicitudes y propuestas para que la administración de la empresa fuera devuelta al Distrito; sin que se recibiera ninguna respuesta”, escribió en esta columna de opinión. “Se trata del modelo de aseo que Cali necesita. “Una discusión que debe entenderse dentro de una visión más amplia”, agregó.
Actualmente, hay dos acciones populares que la Alcaldía interpuso ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Estos procesos señalan la responsabilidad directa de la SuperServicios y de la liquidadora, Adriana Betancourt, en la protección de Emsirva. Y la directora Castro, comparte una visión similar a la de Hau. Según Castro, ha habido “falta de atención a las solicitudes de información” que se han enviado a Emsirva.
La Alcaldía ya solicitó espacios de revisión técnica para evaluar el estado de los activos, las deudas y los contratos. Por su parte, la liquidadora Betancourt confirmó a este medio que “durante el presente semestre se tiene previsto adelantar mesas técnicas con la administración con el propósito de concertar y estructurar un eventual plan de entrega de Emsirva”. Tanto Jurídica, como la Uaesp y Emcali, están listos para que esto ocurra, según confirmó este medio.
—Más allá de los cambios en las carteras: los privados
Los cuatro operadores privados que han tenido el negocio en el marco de la intervención funcionaban divididos por zonas. Ciudad Limpia, en las comunas 1, 3, 9, 19 y 20 (centro y oeste) y en 10 de los 15 corregimientos; Promo Cali, en las comunas 2, 4, 5, 6, 7 y 8 (norte); Promo Valle, en las comunas 11, 12, 17, 18, 22 (sur) y corregimientos como Pance y La Buitrera; y por último, Veolia, en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 (oriente).
Después de vencidos los contratos el 28 de enero, el esquema —denominado como Áreas de Servicio Exclusivo— cambió. Pasó a un modelo de libre competencia y los prestadores habilitados son: Ciudad Limpia Bogotá; Veolia; Promovalle; Promocali; Pro-ambientales; Misión Ambiental; Limpieza y Servicios Públicos; Servi Ambientales y Bioaseo SAS EPS.
En pocas palabras, se eliminó la exclusividad territorial que existía en la prestación del servicio. Ante esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Cielo Rusinque, impuso una medida cautelar sobre Veolia, Ciudad Limpia, Promocali y Promovalle porque habría encontrado acciones que estarían restringiendo la libre y leal competencia.
La SIC evidenció que estarían desplegando una estrategia para mantener el modelo de monopolio que operaba bajo la sombrilla de Emsirva y que seguían actuando de manera coordinada bajo la UT Sico. Por ejemplo, determinó que se negaron a informarles a los usuarios el cambio de las condiciones del servicio y hubo retención del catastro de usuarios y bases de datos comerciales que les dio ventaja competitiva irregular para bloquear la entrada de nuevos prestadores.
Pero no solo ocurrió esto. El pasado 24 de abril, tal como reveló El Tiempo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali falló a favor de una demanda impuesta por Misión Ambiental contra Emcali. Pero ese proceso luego quedó nulo. El Juzgado le ordenó a Emcali reconocer 154.037 usuarios que Misión Ambiental decía que atendía. Según esa empresa, el recaudo superaba los 7 mil millones de pesos mensuales. Por eso, obligaba hacer una facturación conjunta. Sin embargo, Emcali se defendió y finalmente, el Juzgado se echó para atrás y anuló el proceso.
Ese Juzgado se declaró incompetente y remitió el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Quedó en el despacho de la magistrada Bertha Lucy Ceballos.
Además, dos días antes de esa decisión judicial, la liquidadora Betancourt abrió la licitación pública No. 001 de 2026 para entregar la operación y prestación del servicio público de aseo en Cali a nuevos operadores privados por un periodo de dos años. Esto generó alerta, porque el proceso se abrió exactamente un día antes de que la SuperServicios y la gerencia de Emsirva anunciara ante un debate de control político en la Cámara de Representantes que la empresa regresaría a la ciudad el 30 de junio de este año.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, cuestionó y rechazó públicamente la convocatoria por la falta de claridad sobre la titularidad de los usuarios. Por eso, pidió suspenderla. ”Corremos el riesgo de recibir una empresa fantasma llena de problemas jurídicos y de deudas por pagar”, dijo el alcalde. “Adjudicar sin resolver la titularidad de los usuarios deja en el limbo la certeza de quién recogerá la basura de los caleños”, agregó.
Finalmente, la Procuraduría formuló observaciones preventivas contra la convocatoria pública por posibles afectaciones a la libre competencia y la situación jurídica de los contrarios con los privados. A su vez, la Contraloría alertó un posible detrimento patrimonial y el 11 de mayo, el Tribunal Administrativo del Valle, bajo la ponencia del magistrado Juan Pablo Dossma, ordenó suspenderla.
Por ahora, Emsirva sigue en manos de la SuperServicios. Según confirmó la agente liquidadora, aún falta terminar varios pasos para terminar la liquidación como las reservas para atender las contingencias, el pago y depuración de obligaciones con los fondos de pensiones, la entrega de plata del pasivo no reclamado y la definición de los gastos de cierre.
Mientras no se cierre la liquidación y se defina el futuro de la empresa, la Alcaldía sigue con las manos amarradas frente al aseo público de la ciudad. Por ahora, la administración continúa con acciones jurídicas y a la espera de sentarse en mesas de trabajo para trazar un plan de trabajo seguro. Entre tanto, el gobierno saliente de Petro no cumplió con entregar la empresa y la pelota ahora le cae al mandato entrante de Abelardo De La Espriella, quien ha prometido gobernar también para Cali y el Valle.
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