Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entuteló al magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegando que la orden de hacer pública su declaración de renta violó su derecho al debido proceso.
El conflicto entre Gustavo Bolívar, actual director del DPS, y el concejal de Bogotá Daniel Briceño escaló luego de que el magistrado Felipe Alirio Solarte Maya ordenara que Bolívar hiciera pública su declaración de renta. La decisión surgió tras una tutela presentada por Briceño, miembro del Centro Democrático, quien denunció que Bolívar se negó a entregarle copia de dicho documento. En respuesta, Bolívar interpuso una tutela contra el magistrado, argumentando la violación de sus derechos fundamentales.
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La abogada Claudia Liliana Quijano, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS, presentó la tutela en nombre de Bolívar, alegando que la orden del tribunal extralimita las disposiciones legales sobre la divulgación de declaraciones de renta. Según Quijano, la decisión judicial vulnera los derechos de defensa, contradicción y debido proceso del funcionario. Bolívar sostiene que ya cumplió con la publicación de su declaración de bienes y rentas al momento de su posesión, conforme a la Ley 2013 de 2019, lo que satisface la obligación normativa.
El concejal Briceño ha cuestionado públicamente las intenciones de Bolívar, insinuando que podría haber interés en ocultar ingresos no declarados. En sus redes sociales, Briceño compartió la resolución del tribunal que respalda su reclamación, al tiempo que hizo énfasis en la transferencia de una propiedad en Miami que Bolívar le traspasó a su hijo por 10 dólares bajo el mecanismo legal “Quit Claim Deed”. Esta propiedad está avaluada en 3.287 millones de dólares, y la controversia radica en si su valor debería haber sido incluido en la declaración de renta de Bolívar.
Vicky Dávila se sumó a la polémica: “Es fundamental que publique su declaración”
Vicky Dávila, directora de la Revista Semana, se sumó al debate cuestionando si Bolívar ha dado un ejemplo adecuado al no divulgar su declaración de renta. Dávila indicó que el impuesto al patrimonio, vigente desde la reforma tributaria de 2022, despierta dudas sobre la transparencia del exsenador. “Es fundamental que Bolívar publique su declaración para disipar cualquier sospecha”, comentó la periodista.
El caso también ha puesto sobre la mesa la obligatoriedad de los funcionarios públicos de revelar su situación fiscal, tal como lo establece la ley 190 de 1995. La normativa advierte que quienes incumplan esta disposición se exponen a sanciones administrativas e investigaciones por parte de la Contraloría o la Procuraduría.
Este episodio es un nuevo capítulo en la relación tensa entre Briceño y Bolívar, ambos con posiciones antagónicas en la esfera pública. Briceño ha ganado notoriedad por sus denuncias contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, especialmente a través de su seguimiento de contratos en la plataforma Secop II. Por su parte, Bolívar, conocido por su carrera como libretista y político, ha sido un defensor cercano de las políticas del gobierno.
Hasta el momento, Bolívar no ha emitido declaraciones adicionales más allá de la carta enviada al Consejo de Estado en la que argumenta la necesidad de proteger sus derechos constitucionales y solicita la anulación de las decisiones previas del tribunal.