La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el riesgo inminente de un racionamiento energético en Colombia, señalando la ausencia de nuevos proyectos y el no pago de deudas acumuladas como factores críticos. Según el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, estas problemáticas afectan directamente la prestación de servicios públicos esenciales como energía eléctrica y gas, impactando principalmente a los estratos 1, 2 y 3.
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En un comunicado, la entidad fiscalizadora destacó que las deudas por subsidios y la opción tarifaria ascienden a más de $7 billones, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y la accesibilidad para los usuarios más vulnerables. “Es prioritario garantizar el acceso a los servicios básicos y evitar que las tarifas aumenten de manera desproporcionada, lo que afectaría a millones de colombianos”, señaló Rodríguez Becerra.
Además, el retraso en los pagos por parte del Gobierno Nacional y otras entidades públicas está comprometiendo el patrimonio del Estado y amenazando con un colapso en la prestación del servicio. Las familias de ingresos bajos, que dependen de subsidios para mantener costos asequibles, podrían enfrentar alzas significativas en sus facturas si no se toman medidas inmediatas.
Medidas propuestas y convocatorias urgentes
La Contraloría hizo un llamado a los ministros de Minas y Energía y de Hacienda para que, junto a la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector, establezcan soluciones concretas. Entre las propuestas, se encuentra la cobertura inmediata de las deudas acumuladas y la implementación de mecanismos claros para atender la opción tarifaria, cuyo saldo supera los $3,4 billones.
También se advirtió sobre la falta de mecanismos para cubrir las deudas de usuarios de estratos bajos, lo que podría derivar en el desmonte de subsidios y en mayores costos para los hogares. Un ejemplo de esto es el caso del servicio de gas, donde una familia que actualmente paga $30,000 podría llegar a pagar cerca de $58,000 sin subsidio.
La Contraloría enfatizó que es crucial garantizar la sostenibilidad del sistema energético y fomentar la confianza de inversionistas públicos y privados. Asimismo, recordó que los programas de subsidios deben estar diseñados para garantizar el acceso equitativo y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
En los próximos días, se llevarán a cabo mesas de trabajo para abordar estas problemáticas y buscar soluciones que eviten un apagón energético que podría afectar a todos los sectores de la economía y, en particular a la población más vulnerable del país.
