El gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado un recorte de 785.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Defensa. Esta medida forma parte de un ajuste fiscal mayor, que busca reducir en 12 billones de pesos el presupuesto general para 2025.
La decisión de reducir los recursos destinados a la seguridad ha generado controversia, especialmente porque coincide con una grave crisis de orden público en el país. En el Catatumbo, Norte de Santander, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han dejado al menos 100 muertos y 48.000 desplazados, según cifras preliminares.
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Incongruencias entre la crisis y el recorte
Ante la crisis en el Catatumbo, Petro decretó conmoción interior, señalando que el ELN desbordó la capacidad estatal. El decreto busca reforzar la Fuerza Pública, el control aéreo y los servicios de inteligencia. Sin embargo, el recorte de $785 mil millones al sector defensa genera cuestionamientos sobre la coherencia de las medidas.
Distintos sectores políticos han criticado la lógica detrás del recorte presupuestal. La congresista Catherine Miranda calificó de contradictorio que, en medio de la mayor crisis de seguridad en años, se aplacen recursos clave para el sector defensa. Por su parte, Andrés Forero del Centro Democrático, señaló la incoherencia entre justificar la conmoción interior con la necesidad de recursos adicionales y reducir el presupuesto destinado a la seguridad.
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Un Catatumbo en llamas
El Catatumbo se ha transformado en un foco de violencia, donde los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales han desencadenado una grave crisis humanitaria. La falta de control estatal en la región ha provocado el colapso de servicios esenciales, como la atención en salud, afectando directamente a miles de habitantes.
Además, el desplazamiento masivo de familias evidencia el impacto devastador de esta situación, reflejando las debilidades en la estrategia de seguridad del gobierno. Esta realidad subraya la urgencia de una respuesta integral que garantice el bienestar y la protección de las comunidades afectadas.
Repercusiones políticas y sociales
El recorte al sector defensa genera dudas sobre la capacidad del gobierno para asegurar la seguridad en el país. Diversos sectores exigen una reconsideración del presupuesto para abordar la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo. La decisión de Petro podría afectar tanto la percepción pública de su gestión como la efectividad de las políticas de seguridad a corto plazo.
El escenario actual deja en evidencia un país que enfrenta grandes desafíos en materia de orden público, mientras busca equilibrar las finanzas públicas y responder a las necesidades de la población más vulnerable. La tensión entre recorte presupuestal y las exigencias de seguridad nacional será una prueba clave para la administración Petro.
