El 18 de marzo de 2025, cuando se esperan numerosas movilizaciones en todo el país convocadas por el presidente Gustavo Petro para promover la consulta popular, la Fiscalía General de la Nación no cesará su funcionamiento. Así lo confirmó el ente acusador, que en una circular dirigida a sus funcionarios informó que sus servicios se brindarán de manera continua e ininterrumpida.
La Fiscalía, encabezada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, aseguró en la resolución 011 de 2025 que esta decisión responde a su compromiso con el acceso a la justicia y con el ejercicio de la acción penal. En su comunicado, subrayó que sus instalaciones estarán abiertas y en disposición de atender al público en la fecha mencionada, tal como lo establece el decreto 0302 de 2025, que enumera a las entidades que deben continuar con sus funciones sin interrupción.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) también confirmó que la jornada judicial del 18 de marzo se desarrollará con normalidad. En una resolución firmada por su presidente, Jorge Enrique Vallejo, se comunicó que tanto los despachos judiciales como las oficinas administrativas prestarán atención al público sin variación alguna.
Fiscalía operará con normalidad
Este posicionamiento de la Fiscalía y el CSJ refleja la obligación de mantener los servicios públicos esenciales, tal como lo indica el decreto presidencial, que establece que entidades como las de justicia, salud y seguridad deben operar con normalidad durante la jornada.
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Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar. En las redes sociales, algunos celebraron que el sistema judicial mantenga su compromiso con la justicia, mientras que otros mostraron desacuerdo con la postura del gobierno y sugirieron una especie de desobediencia a lo estipulado por el presidente Petro. Este tipo de opiniones se intensificaron tras los comentarios del mandatario, quien defendió su derecho a convocar las movilizaciones y criticó las posiciones contrarias con un mensaje que buscó resaltar la importancia de la libre expresión.
Así, en medio de la controversia política y las movilizaciones programadas, tanto la Fiscalía como la rama judicial han dejado claro su compromiso con la continuidad de sus funciones, independientemente de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.
