El presidente Gustavo Petro rechazó el atentado de las disidencias de “Calarcá” en contra de una patrulla del Ejército en Guaviare, que dejó a nueve militares muertos y otros heridos. Por eso, pidió crear una comisión independiente para investigar el ataque. “Mi esfuerzo es para que las madres de los colombianos nunca reciban más a sus hijos muertos. Ese dolor que es un dolor nacional debe cesar”, señaló el presidente.
El ataque ocurrió el pasado domingo 27 de abril. Fue en contra de una patrulla del Batallón de Infantería número 19 José Joaquín París y enlutó a la Fuerza Pública. Los militares asesinados fueron identificados como el Sargento Viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina y Moisés David Cuadros Ruiz.
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Además, otros cinco soldados fueron secuestrados. Pero luego fueron entregados a la comunidad de Guanapalo. Hasta ahora no se tiene el número exacto de heridos y el soldado profesional Jean Carlos Bolaño está desaparecido. Por su parte, el presidente Petro también aseguró que “es el responsable de la vida de cada joven de la Fuerza Pública”. Pero el ataque no solo generó la indignación del presidente, sino también del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.
“Representa una traición a la transformación del territorio hacia la paz y constituye un crimen atroz que viola la ley colombiana. La paz es posible, pero no se mendiga”, dijo el ministro. Las disidencias de Calarcá actualmente se mantienen en la mesa de diálogos con el gobierno. Y aunque se venció el cese al fuego, Petro ordenó frenar la ofensiva del Ejército por un mes en contra de esa guerrilla.
El ataque de Calarcá y la reacción del gobierno
El Batallón de Infantería Joaquín París fue emboscado por el Bloque Jorge Suárez Briceño en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras, Guaviare. El Comando del Ejército ordenó desplazar al Jefe de Operación del Ejército, reforzó la zona y activó la inteligencia.
Además, según la denuncia del Ejército, también presuntamente participaron miembros de la población civil. “Las operaciones militares continuarán en la región, manteniendo firme nuestra misión constitucional de proteger a la población y preservar la seguridad en el territorio nacional”, dijo el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército.
Según dijo el ministro de Defensa, los responsables podrían enfrentar condenas de hasta 37 años de cárcel. Por eso, solicitó el acompañamiento de organizaciones internacional para velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Y dijo que se trataba de incumplimientos a los acuerdos por parte de la disidencia de “Calarcá”.
“Las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto del mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica”, dijo el procurador delegado Samuel Arrieta, quien le solicitó al ministro una respuesta institucional.
El control político por la crisis de seguridad en el país
Este miércoles 30 de abril, el comisionado de Paz, Otty Patiño, y los ministros de Defensa y del Interior, Pedro Sánchez y Armando Benedetti, están citados a un debate de control político en la Comisión de Paz de la Cámara. Deberán responder por la situación de seguridad en el país.
El debate, inicialmente estaba programado para el pasado 1 de abril. Pero fue aplazado por la ausencia de los tres altos funcionarios. Aunque enviaron a sus delegados y asistieron voceros de diferentes mesas de diálogos, los congresistas exigieron la presencia de los ministros y del comisionado.
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