El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, evalúa recurrir a una consulta popular como alternativa para avanzar en la reforma al sistema de salud. El ministro Guillermo Jaramillo explicó que, ante las trabas constantes en el Congreso, el Ejecutivo contempla darle voz directa a la ciudadanía para decidir el rumbo de esta transformación estructural.
Durante una audiencia pública en Bucaramanga, Jaramillo reiteró el compromiso del Gobierno con una reforma profunda al modelo de salud. “Si no logramos el respaldo legislativo, tendremos que acudir al pueblo con consulta popular para la salud, como ya se está haciendo en el caso laboral”, señaló el funcionario, recordando que la administración del presidente Gustavo Petro ha recurrido antes a mecanismos de participación ciudadana.
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Reforma bloqueada en el Congreso se considera para una consulta popular
La propuesta de reforma ha enfrentado múltiples dificultades en su trámite legislativo. Cambios en la dirección del Ministerio de Salud, falta de consenso político y críticas a la presentación del proyecto han impedido su avance. A pesar de ello, el Ejecutivo insiste en que no abandonará la intención de modificar el sistema actual, que consideran insuficiente y excluyente.
Para sortear los obstáculos políticos, el Gobierno ya publicó un borrador de decreto que pretende aplicar cambios por vía administrativa, mientras se define el futuro legislativo de la reforma. Esta acción, sin embargo, ha generado reacciones adversas por parte de varios sectores.
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Acemi advierte posibles ilegalidades en el nuevo decreto
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) expresó fuertes reparos frente al borrador del decreto presentado por el Gobierno. Según la organización, algunas disposiciones podrían exceder los límites legales y afectar el funcionamiento del sistema.
Uno de los puntos más cuestionados es la asignación de nuevas competencias a la Superintendencia Nacional de Salud. El decreto le permitiría a esta entidad crear comités y consejos territoriales, así como promover mecanismos de participación ciudadana, lo cual, según Acemi, sobrepasa su función constitucional de inspección, vigilancia y control.
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Nuevas estructuras y riesgos de concentración de poder
Otra preocupación clave gira en torno al uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El decreto ordena a las EPS destinar parte de esos fondos a obras de infraestructura en salud, lo que, según Acemi, vulnera la destinación específica de estos dineros, que están diseñados para la atención médica de los afiliados. Además, el documento traslada algunas responsabilidades de las EPS a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), medida que, a juicio de la asociación, contradice la Ley 1122 de 2007 y pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema.
El borrador también plantea la creación de subregiones y microterritorios con nuevas funciones, lo que podría chocar con la Ley 388 de ordenamiento territorial. Asimismo, otorga a alcaldes y gobernadores la potestad de diseñar redes de prestación de servicios, lo que, según Acemi, podría generar riesgos de corrupción y concentración de poder en las autoridades locales.
