Andrea Valdés, una mujer privada de la libertad en Colombia, enfrenta una doble tragedia tras denunciar haber sido víctima de abuso sexual dentro del penal El Pedregal, en Medellín. Según su testimonio, dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la violaron mientras cumplía una condena por homicidio agravado. Como resultado, quedó embarazada y está próxima a dar a luz, mientras teme que el Estado le quite la custodia de su hijo.
La denuncia de Valdés, revelada en septiembre de 2024, se mantiene bajo investigación, pero los hechos posteriores han despertado graves cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades penitenciarias.
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Abuso sexual por guardias del Inpec y tentativa de aborto forzado
El abogado de Valdés, Felipe Álzate, explicó en una entrevista con Blu Radio que la reclusa ha enfrentado intentos sistemáticos de silenciar su denuncia. Relató que, sin su consentimiento, funcionarios penitenciarios intentaron suministrarle sustancias abortivas con el fin de interrumpir su embarazo. Afortunadamente, estas sustancias no afectaron al feto.
“El intento de aborto se dio sin que ella supiera lo que le estaban administrando. A pesar de la gravedad, nadie en el sistema penitenciario ha respondido por este hecho”, afirmó Álzate. Para el defensor, este acto no solo constituye una violación de derechos humanos, sino también un intento deliberado de encubrimiento institucional.
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Traslado a otra cárcel y negación de beneficios legales
Después de presentar la denuncia, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Su abogado sostiene que este traslado buscó aislarla de su entorno y dificultar el acceso a apoyo jurídico y psicológico. A pesar de su embarazo avanzado, las autoridades le han negado el beneficio de prisión domiciliaria, contemplado en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Esta norma permite a mujeres gestantes cumplir su condena en casa desde tres meses antes del parto y hasta seis meses después.
Otro de los temores que rodean el caso es la posible separación de Valdés de su hijo al momento del nacimiento. El abogado denunció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) evalúa asumir la custodia del menor, ante la negativa de las autoridades de incluirla en el pabellón de gestantes, diseñado para madres privadas de la libertad.
Si no se concede el beneficio de detención domiciliaria, el bebé quedaría bajo custodia del Estado apenas nazca, una decisión que la reclusa rechaza con firmeza. “No solo fue el Estado quien vulneró sus derechos al permitir el abuso, ahora también pretende arrebatarle a su hijo”, expresó el abogado.
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Críticas al modelo carcelario colombiano
El caso ha reavivado las críticas al modelo penitenciario del país. Álzate cuestionó que en cárceles de mujeres haya guardianes hombres, una situación que representa un riesgo constante de abuso. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han advertido sobre este problema estructural en América Latina.
La defensa de Andrea Valdés exige garantías para el proceso judicial, respeto por su maternidad y una investigación rigurosa contra los responsables. Mientras tanto, ella espera el nacimiento de su hijo en medio del temor y la incertidumbre.
