En una decisión que marca un precedente pero deja un sabor amargo entre las víctimas, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a nueve miembros del Ejército Nacional por su participación en actividades de inteligencia ilegal contra al menos 130 personas, entre periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. Las sanciones, que oscilan entre los tres y seis meses de suspensión e inhabilidad, han sido calificadas por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como débiles frente a la magnitud del caso.
Los hechos se remontan a 2019, cuando desde la Brigada de Inteligencia Militar N.º 1 se emprendieron operaciones encubiertas de seguimiento y recolección de información sin orden judicial ni justificación legal. Entre las víctimas se encuentran periodistas de alto perfil como María Alejandra Villamizar, Nicholas Casey y Andrea Aldana, quienes fueron perfilados tras entrevistar o investigar a actores armados ilegales. El fallo confirma que se emplearon herramientas digitales de monitoreo, además de técnicas de recolección de información de fuentes abiertas (Osint), para obtener datos personales y profesionales sin base legítima.
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Aunque la Procuraduría reconoció que los oficiales actuaron con conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, calificó sus faltas como “graves” y no “gravísimas”, lo que redujo significativamente las consecuencias disciplinarias. Esta recalificación fue uno de los puntos más criticados por la FLIP, que advirtió que la decisión contrasta con la gravedad de los hechos narrados en el propio fallo.
Cinco coroneles sancionados junto con dos mayores
Entre los sancionados se encuentra el brigadier general Gonzalo Ernesto García Luna, junto a cinco coroneles, dos mayores y un teniente. El oficial con la mayor penalidad fue el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, quien recibió seis meses de suspensión por liderar operativamente el Batallón de Ciberinteligencia (BACIB).
Las víctimas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado su decepción por lo que consideran una sanción “tímida”, y temen que el bajo castigo incentive la repetición de estas prácticas. Andrea Aldana, quien se vio obligada a exiliarse tras el espionaje, manifestó que, aunque la decisión representa un precedente legal, aún persiste el temor por su seguridad y la de su familia en Colombia. “Me destruyeron mi proyecto de vida. Parece haber justicia, pero hay más inseguridad ahora”, aseguró en la FLIP.
El proceso, que inició tras la publicación del escándalo en 2020 por parte de la revista Semana, avanzó con lentitud entre recursos, aplazamientos y obstáculos procesales. Aunque la Procuraduría reconoció oficialmente a varias víctimas, el camino penal en la Fiscalía sigue estancado. Las organizaciones civiles han anunciado que apelarán la decisión para exigir una sanción acorde con la dimensión de la vulneración de derechos.
Para muchos, esta sentencia revive los fantasmas del espionaje estatal en Colombia, como el caso del DAS entre 2009 y 2010. A juicio de Jonathan Bock, director de la FLIP, lo ocurrido con las llamadas “Carpetas Secretas” confirma que el uso ilegal de los aparatos de inteligencia contra la prensa sigue siendo una práctica enquistada en el Estado. “Aunque las herramientas cambian, el patrón de vigilancia permanece”, concluyó.
