Familia de Miguel Uribe denunció penalmente al director de la UNP

Pese a la condición especial del estudio de seguridad, la UNP negó protección reforzada a Miguel Uribe.

La familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay presentó una denuncia penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en la atención a múltiples solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del precandidato. La acción judicial surge luego del atentado que sufrió Uribe en Bogotá, cuando se encontraba en una actividad política. El equipo jurídico sostiene que el riesgo era evidente y que advirtió a las autoridades en múltiples ocasiones, pero no recibió respuesta adecuada.

Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe, aseguró que desde enero de 2025 enviaron más de 20 comunicaciones formales a la UNP solicitando escoltas adicionales y vehículos blindados. Según Mosquera, la última petición se radicó el 5 de junio, apenas días antes del atentado. La familia del político considera que se trató de una omisión grave que podría haber facilitado el ataque.

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La UNP rechazó refuerzos pese a advertencias y clasificación de riesgo

La UNP calificó la situación del senador como de “condición extraordinaria”, todas las solicitudes de refuerzo fueron rechazadas. La respuesta institucional fue sistemática: el esquema no podía ampliarse debido a las restricciones del convenio firmado entre la UNP y el Congreso de la República. Esta respuesta, según los allegados a Uribe, era prácticamente idéntica en cada ocasión.

Desde el equipo de campaña del senador afirmaron que durante sus visitas políticas a ciudades como Cali, Medellín, Neiva, Santa Marta y Cúcuta, debieron movilizarse en vehículos prestados por conocidos. No contaron con acompañamiento de seguridad oficial en estos trayectos, lo que, a juicio de sus colaboradores, representó una vulnerabilidad clara. La negativa constante de la UNP, aun con los antecedentes de riesgo, es uno de los puntos que más peso tiene en la denuncia penal presentada por la familia.

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La Fiscalía analizará posible negligencia institucional

La denuncia penal fue formalmente radicada y está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si hubo negligencia. La familia de Uribe busca que se investigue si la omisión de medidas de protección contribuyó a que el atentado tuviera lugar. La Fiscalía también podrá determinar si otros funcionarios de la UNP incurrieron en omisiones similares.

El caso ha generado preocupación en sectores políticos al poner en evidencia las debilidades del sistema de protección a líderes y candidatos en Colombia. El atentado contra Uribe, en medio de un proceso electoral, expone una falla institucional que podría repetirse si no se revisan los protocolos actuales.

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