El presidente Gustavo Petro confirmó que el menor de edad capturado por su presunta participación en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay había hecho parte del programa “Jóvenes en Paz”, una iniciativa del Gobierno Nacional enfocada en atender a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Según el mandatario, el adolescente había sido identificado previamente por las autoridades distritales de Bogotá como un caso de alto riesgo por su comportamiento conflictivo y su incapacidad para establecer vínculos sociales estables.
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Petro señaló que el joven fue inicialmente acogido por programas locales, pero luego fue remitido a la estrategia nacional liderada por el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, su permanencia fue corta: permaneció solo dos meses en el programa y se retiró de manera voluntaria, sin haber mostrado avances en su proceso de integración.
El menor estaba en riesgo de ser habitante de calle
La situación del menor ha reavivado el debate sobre la eficacia y el alcance de los programas sociales enfocados en la juventud, especialmente aquellos que buscan prevenir la violencia y brindar oportunidades. De acuerdo con lo que se conoció, el adolescente también había sido evaluado por equipos sociales del Distrito, quienes lo diagnosticaron con riesgo de habitabilidad en calle. Aunque fue contactado diez días antes del atentado para recibir ayuda, se negó a continuar con el acompañamiento.
Además, la Defensoría del Pueblo informó que el joven habría enfrentado un entorno familiar precario: su madre falleció hace una década, su padre reside fuera del país y vivía con familiares lejanos. También se conoció que había dejado de asistir al colegio dos semanas antes del atentado.
Al momento de su captura, el joven habría exclamado que podía “dar los números” de quienes lo contactaron, lo que ha abierto una nueva línea de investigación sobre los posibles autores intelectuales del ataque.
Por su edad, el proceso en su contra se llevará bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual contempla medidas pedagógicas, restaurativas y de protección para menores infractores.
