La seguridad en Colombia enfrenta una profunda crisis como consecuencia de recortes presupuestales históricos que han desmantelado, en parte, el aparato de inteligencia y operatividad de la Policía Nacional. Entre 2022 y 2025, las cifras revelan una reducción alarmante de recursos que hoy repercute directamente en la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas de grupos armados ilegales y el crimen organizado.
Según datos oficiales obtenidos mediante derecho de petición por la senadora Paola Holguín, el presupuesto para inteligencia de la Policía cayó un 44 % en tres años. En paralelo, las recompensas a informantes herramienta clave para anticiparse a actos criminales han sido casi eliminadas. De los más de $5.000 millones destinados en 2022, se proyectan solo $106 millones para 2025.
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La reducción ha golpeado también el desarrollo tecnológico. En 2022, se asignaron más de $71.000 millones para herramientas digitales destinadas a combatir delitos modernos; para 2025, la cifra bajará a apenas $15.000 millones, un recorte del 56 %. Esta situación afecta particularmente a regiones fuera de Bogotá, donde los agentes deben operar con recursos mínimos o incluso financiarse de su propio bolsillo.
Situación crítica en la Dijín por disminución del 27 %
La situación es igualmente crítica en áreas como la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que verá una disminución del 27 % en su presupuesto operativo para 2025. Aunque esta unidad cuenta con respaldo internacional, principalmente de agencias estadounidenses, las limitaciones financieras han generado retrasos en operativos clave en zonas con alta presencia de estructuras criminales.
La Dirección de Antinarcóticos tampoco escapa a los recortes. El presupuesto para recompensas se redujo de $1.500 millones en 2022 a apenas $500 millones para 2025, lo que pone en riesgo el flujo de información que permite desmantelar redes del narcotráfico.
Además, el congelamiento de $279.000 millones destinados a operaciones clave en zonas de conflicto evidencia una falta de acción integral en un momento en que la violencia y el control territorial de actores armados van en aumento.
Frente a esta situación, sectores políticos y de la sociedad civil han alertado que la inteligencia no puede considerarse un lujo. La capacidad del Estado para anticiparse a amenazas y proteger a la población está en juego. Las voces se elevan para exigir al Gobierno Nacional un giro urgente en la política de seguridad y una inversión estructural que fortalezca a las fuerzas del orden.
“El debilitamiento institucional en materia de seguridad tiene un costo altísimo: vidas humanas, control territorial perdido y ciudadanos cada vez más expuestos”, advierten expertos en seguridad. Mientras tanto, el llamado es claro: fortalecer la inteligencia y devolverle a la Policía las herramientas necesarias para cumplir su misión constitucional.
