La cárcel de máxima seguridad La Picota registra una jornada de traslados masivos y sanciones disciplinarias. El INPEC ordenó el movimiento de los condenados Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y Marquitos Figueroa hacia diferentes centros de reclusión del país. Esta decisión se tomó luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara públicamente sus dudas sobre la dirección del INPEC y denunciara un presunto plan criminal desde el penal para afectar su imagen.
Según una investigación de El Tiempo, Figueroa fue enviado a un centro carcelario en Santander, mientras que su sobrino, Paúl Corrales, fue trasladado al penal de Picaleña en Ibagué. El Gobierno Nacional sugirió que estos reclusos buscaban concentrarse en Bogotá para coordinar estrategias irregulares. Por ello, las autoridades penitenciarias agilizaron la gestión documental para dispersar a los cabecillas de esta estructura.
¿Nueva parranda o consumo irregular?
El operativo también afectó a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como los enlaces del Clan del Golfo en Europa. Fuentes internas del penal informaron inicialmente sobre una presunta parranda vallenata. Sin embargo, el director del Inpec aclaró que no hubo fiesta con tarimas ni shows, sino un operativo donde hallaron elementos prohibidos.
Al revisar las cámaras del pabellón 31, las autoridades encontraron a siete internos consumiendo alcohol con un parlante pequeño. Como consecuencia, alias Black Jack fue trasladado a la cárcel de El Pedregal y su hermano Santiago a La Tramacúa en Valledupar. El INPEC enfatizó que cualquier interno sorprendido con licor o tecnología no autorizada será reubicado de forma inmediata.
Investigaciones internas y control disciplinario
La situación ha generado una fuerte división entre la Presidencia y la dirección del INPEC. El mandatario cuestionó que se permitieran reuniones sospechosas dentro de la cárcel de la capital. Ante esto, el instituto carcelario inició procesos disciplinarios contra los reclusos involucrados y contra los funcionarios que habrían permitido el ingreso de licor al pabellón de máxima seguridad.
Este nuevo escándalo ocurre pocos días después de reportarse incidentes similares en la cárcel de Itagüí. Las autoridades mantienen operativos de registro en varios penales para recuperar el control disciplinario. La Fiscalía General de la Nación también evalúa si los planes denunciados por el presidente constituyen nuevos delitos para imputar a los capturados involucrados.
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