Tras los operativos de extinción de dominio a más de 300 tiendas, el foco recae sobre los propietarios de Lili Pink. La investigación de la Fiscalía, que duró cinco años, sugiere que la marca funcionó presuntamente como fachada para el contrabando y el lavado de activos. Mientras la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asume la custodia de los locales, los detalles sobre su estructura corporativa revelan una evolución acelerada desde su fundación en 2006.
La marca nació en el barrio Toberín, en Bogotá, de la mano de la familia Abadi. Max Abadi y su hijo David iniciaron el proyecto con el objetivo de competir contra gigantes del sector como Leonisa. Con los años, el negocio creció y diversificó su catálogo hacia maquillaje y trajes de baño. Sin embargo, en 2015, la propiedad dio un giro importante al pasar a manos del holding panameño Lili Brands.
El entramado de Fast Moda S.A.S.
Actualmente, Lili Pink opera en el país bajo la franquicia Fast Moda S.A.S. Esta sociedad tiene como único accionista a la firma Bestsea Blue S.A., una entidad constituida en Ciudad de Panamá en el año 2020. Según reportó El Colombiano, este tipo de estructuras internacionales están bajo la lupa de las autoridades por el flujo de recursos de origen ilícito hacia el mercado local.
La representante legal de Fast Moda, Lorena Bernal Castro, ha liderado la defensa jurídica de la empresa. Bernal asegura que la compañía llegará hasta las últimas consecuencias para proteger su buen nombre. De hecho, el año pasado intentaron una acción de tutela por denuncias en redes sociales, pero un juzgado de Bogotá negó el amparo en segunda instancia. El proceso legal continúa ahora mediante una demanda penal por injuria agravada.
Vigilancia tecnológica sobre la marca
El caso también resalta el uso de herramientas de supervisión avanzadas. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó a El Colombiano la implementación del software conocido como “el Ojo de la Dian”. Este sistema emite alertas automáticas sobre conductas sospechosas, como trámites irregulares en devoluciones de IVA o consultas injustificadas de datos.
Estas alertas tecnológicas habrían sido clave para consolidar la investigación que hoy tiene a la marca en un proceso de extinción de dominio. Mientras avanza la etapa judicial, el Estado mantendrá la administración de los almacenes en Bogotá y otras ciudades. El objetivo es garantizar que la operación comercial no se detenga mientras se define la responsabilidad de sus directivos y el origen real de sus mercancías.
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