El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reforzado su narrativa de mano dura contra el crimen con una nueva declaración que mezcla fe religiosa con justicia terrenal. En una entrevista reciente, dejó en claro que, aunque cree en el poder del arrepentimiento y el perdón divino, en la tierra los criminales deben enfrentar las consecuencias de sus actos. “Dios puede perdonar si se arrepienten, pero en la tierra deben estar en prisión”, afirmó, marcando un límite entre la redención espiritual y la responsabilidad penal.
Bukele sostiene que el Estado ya dio oportunidades a muchos delincuentes para reintegrarse y que, al no hacerlo, han perdido ese derecho. Bajo esa premisa, ha impulsado un modelo carcelario sin concesiones, donde la prioridad es sacar de las calles a cualquier individuo vinculado con organizaciones criminales, sin distinción de grado de implicación.
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El Cecot de Bukele: La prisión más temida de América
La declaración coincide con el funcionamiento pleno del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión diseñada para albergar a los miembros más peligrosos de organizaciones como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13). Ubicada en una zona rural de Tecoluca, esta gigantesca cárcel tiene capacidad para 40.000 reclusos, encerrados bajo condiciones extremadamente estrictas.
Con 19 torres de vigilancia, cercas electrificadas de 15.000 voltios y múltiples anillos de seguridad, el Cecot representa el modelo más severo de encarcelamiento en la región. Las celdas no cuentan con colchones ni sábanas, y el agua está controlada por los custodios. El sistema penitenciario busca evitar cualquier comodidad, reforzando el mensaje de que allí no se va a rehabilitar, sino a pagar.
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Popularidad y cuestionamientos
La política de Bukele comenzó a escalar en marzo de 2022, cuando una ola de homicidios lo llevó a decretar un estado de excepción. Aunque inicialmente fue temporal, esa medida se ha extendido hasta hoy. Durante este régimen, se suspendieron derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa pública, permitiendo detenciones masivas de presuntos delincuentes.
Los números muestran una caída en los índices de homicidios, lo cual ha fortalecido su popularidad tanto dentro como fuera de El Salvador. Sin embargo, organismos de derechos humanos han lanzado severas advertencias. Denuncian detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y condiciones inhumanas en las cárceles. El Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a acusar al Gobierno salvadoreño de violar derechos fundamentales.
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Un modelo que divide opiniones
El enfoque de Bukele ha sido celebrado como un éxito por algunos sectores internacionales que aplauden la reducción de la violencia. Sin embargo, otros lo critican por establecer un sistema punitivo que puede violar principios democráticos básicos. Videos difundidos por el propio presidente muestran a los prisioneros en masa, con grilletes, cabeza rapada y sin camisa, cumpliendo órdenes bajo vigilancia militarizada.
Para Bukele, el mensaje es claro: en su gobierno, el crimen no solo se castiga, se aísla con fuerza. Mientras tanto, el mundo observa con atención si este modelo se convierte en un referente regional o en una advertencia sobre el precio de la seguridad.
