La Universidad de Harvard ha vuelto a colocarse en el centro de un debate nacional. Este 23 de mayo de 2025, presentó una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump. El motivo es por una orden ejecutiva que limita severamente la matrícula de estudiantes internacionales. Según la institución, esta política socava los principios de equidad educativa y daña profundamente la diversidad en las aulas.
Harvard argumenta que la medida de Trump viola varias leyes federales sobre educación y antidiscriminación. Además, sostiene que pone en riesgo la competitividad global del sistema universitario estadounidense. Más del 12% del alumnado de Harvard proviene del extranjero. Su contribución, según la universidad, no solo es académica, sino también económica y cultural.
Medida ejecutiva en la mira
La orden ejecutiva emitida durante el mandato de Trump revoca la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). Esta decisión obligaría a los estudiantes internacionales a transferirse o abandonar Estados Unidos, alterando sus vidas y trayectorias académicas. Harvard no tardó en responder. En su demanda, acusa al gobierno de Trump de represalias políticas. La universidad señala que esta medida castiga su independencia académica y su negativa a plegarse a exigencias ideológicas impuestas desde el poder ejecutivo.
Horas después de la presentación de la demanda, la jueza federal Allison Burroughs, del distrito de Massachusetts, suspendió temporalmente la ejecución de la orden. Su fallo devuelve algo de tranquilidad a miles de estudiantes afectados. Además, permite que Harvard mantenga su certificación SEVP mientras se resuelve el litigio. Burroughs ya revisa otra demanda de la universidad contra la congelación de fondos federales por más de 2.600 millones de dólares. En ambos casos, se perfila un conflicto mayor entre el poder político y la autonomía de las instituciones académicas.
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Expertos advierten que este caso va más allá de una disputa migratoria. Representa una lucha por el control sobre las universidades, sus valores y su papel en la sociedad. Para muchos, Harvard no solo defiende a sus estudiantes, sino también su derecho a formar líderes globales sin interferencias políticas.
La universidad ha reiterado su compromiso con la inclusión y prometió llevar esta batalla hasta las últimas instancias legales. La comunidad académica observa con atención lo que podría marcar un precedente histórico en la relación entre gobierno y educación superior en EE.UU.