La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por el presunto delito de violación de topes electorales. Con este paso, el proceso por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente entra en una nueva etapa y Roa deberá enfrentar un juicio.
¿Por qué la Fiscalía acusó a Ricardo Roa?
La acusación está relacionada con presuntas irregularidades en el manejo, reporte y financiación de los gastos de la campaña presidencial de 2022. Entre las pruebas se encuentran informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que determinó, por seis votos contra tres, que se habrían ocultado gastos y superado los topes electorales en más de $3.000 millones.
Según el CNE, durante la primera vuelta presidencial se habría presentado un exceso de $2.459 millones en los topes de ingresos y gastos, mientras que se habrían dejado de reportar operaciones por otros $2.611 millones. También fueron cuestionados gastos relacionados con testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y transporte aéreo, incluidos vuelos que habrían sido reportados como gastos de la campaña al Senado.
El organismo electoral también señaló que algunos recursos de la campaña podrían haber provenido de fuentes prohibidas y que determinados aportes no fueron reportados de manera adecuada. Por estos hechos, el proceso judicial busca establecer si Ricardo Roa tuvo responsabilidad penal en las presuntas irregularidades.
¿Qué viene ahora para Ricardo Roa?
Roa no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y ahora deberá enfrentar la siguiente etapa del proceso ante la justicia. Con la presentación del escrito de acusación, será un juez quien determine si existe responsabilidad penal por la presunta violación de los topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022.
El caso tuvo además un nuevo capítulo luego de que se conociera que Roa estaría evaluando un eventual preacuerdo con la Fiscalía, que podría incluir beneficios judiciales a cambio de entregar información al ente acusador. Esta posibilidad trascendió después de su salida de Ecopetrol.
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