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Cigarrillos fabricados legalmente en Corea del Sur por Korea Tobacco & Ginseng (KT&G) —la principal tabacalera de ese país y la quinta más grande del mundo— son identificados de forma recurrente en decomisos y canales de comercios informales en América Latina. Sin campañas de publicidad ni redes de distribución legal formal en la mayoría de estos países, marcas de su catálogo como Carnival, Pine y Time se han posicionado en circuitos de comercialización no regulada en países como México, Panamá y Colombia.

La investigación plantea una pregunta que va más allá de cómo ingresa un cigarrillo de contrabando a un país: ¿qué ocurre con determinados productos después de abandonar los primeros eslabones de su cadena formal de distribución y qué mecanismos existen para detectar y prevenir posibles desvíos?

La cuestión cobra relevancia, ya que América Latina enfrenta un mercado ilícito de tabaco que mueve enormes cantidades de mercancía y que, de acuerdo con expertos y autoridades citados en esta investigación, termina conectado con estructuras criminales.

EL PUNTO CIEGO DE LA CADENA

Los primeros movimientos de una mercancía no necesariamente son clandestinos. Un cargamento puede salir de fábrica identificado, documentado y vendido a un comprador formal. El punto vulnerable no ocurre en alta mar, sino aguas abajo, en las zonas francas y puertos libres de la región.

Centros internacionales de comercio y reexportación, entre ellos zonas francas del Caribe y América Latina, funcionan como puntos intermedios desde los cuales una mercancía puede cambiar nuevamente de destino, propietario o documentación comercial. La Zona Libre de Colón, en Panamá, uno de los mayores centros logísticos de la región, es relevante para entender este tipo de dinámicas. Según el material aportado para esta investigación, también se han identificado patrones de tránsito o redistribución relacionados con jurisdicciones como Belice y Aruba.

Para Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre de Colón, uno de los desafíos reside precisamente en las operaciones de triangulación: “En las zonas francas y puntos de tránsito aplicamos controles estrictos de fiscalización sobre la mercancía en contenedor. Sin embargo, nos enfrentamos a esquemas complejos de triangulación desde Asia donde los conocimientos de embarque son alterados para declarar falsamente la carga bajo partidas como textiles o plásticos, perdiendo el rastro del producto original antes de su redistribución a la región”.

Es ahí donde la investigación deja de limitarse a las aduanas y alcanza el terreno de la gobernanza corporativa: ¿hasta dónde deben llegar los procesos de debida diligencia sobre compradores y distribuidores cuando una marca como las de KT&G aparece reiteradamente fuera de los canales legales de comercialización?

PANAMÁ: CUANDO EL RIESGO SE MATERIALIZA

La magnitud del problema quedó expuesta en julio de 2026 con la Operación Khaleesi 2.0, realizada por la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, la cual detectó un cargamento de illicit whites valorado inicialmente en más de 60 millones de dólares. Una auditoría posterior contabilizó 14 mil 111 pacas correspondientes a nueve marcas, con un valor aproximado de 16 millones de dólares, mientras las autoridades investigaban posibles irregularidades como reempaque y ausencia de determinados elementos de identificación exigidos legalmente.

El episodio expone una de las dificultades centrales del comercio ilícito moderno: una mercancía puede comenzar su recorrido dentro de operaciones comerciales legítimas y ser desviada posteriormente hacia circuitos clandestinos. Por ello, identificar al primer comprador puede no ser suficiente para reconstruir el recorrido completo de un producto.

MÉXICO: EL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS YA NO ES SOLO UN PROBLEMA FISCAL

En México, el flujo de cigarrillos ilegales de KT&G ingresan por tres principales vías: los puertos del Pacífico como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores no controlados de la frontera sur, particularmente en la zona próxima a Belice. La dimensión de este contrabando representa hoy casi la mitad de todo el tabaco ilegal en el país.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano en México, sostiene que uno de cada cuatro cigarrillos comercializados en el país es ilegal y estima un impacto para el erario superior a 23 mil millones de pesos anuales asociado al tabaco ilícito.

Ante la frecuencia de estos hallazgos, el Observatorio Nacional Ciudadano envió una carta formal a la Embajada de Corea del Sur en México y a la alta dirección de KT&G para solicitar información sobre la presencia de productos ilegales de dicha compañía en territorio mexicano y su falta de control en la distribución a lo largo de su cadena de suministro. Sin embargo, la respuesta diplomática evitó asumir responsabilidad corporativa sobre el problema:

“Nosotros como primer factor identificamos que no tenía ningún tipo de registro en México y que a quien podíamos acudir para tener algún tipo de información, dado que no tenía ni siquiera representación en nuestro país, era precisamente a la embajada coreana. Y lo que ellos en ese momento nos contestaron era que el producto era ilícito, que el producto era apócrifo y que ellos no tenían conocimiento”, denuncia Rivas.

El estudio “Cigarros ilegales y crimen organizado”, elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, documentó el crecimiento del fenómeno: a partir de datos del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la proporción ilícita encontrada en ocho ciudades estudiadas pasó de 8.5% en 2017 a 20.4% en 2023.

La investigación también analiza la participación del crimen organizado en el contrabando y comercialización de cigarrillos ilegales.

De acuerdo con un informe de la organización Defensorxs, señala que el contrabando de tabaco en México es operado por siete de los principales carteles del país, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facciones del Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito (algunos designados como organizaciones terroristas internacionalmente).

El último eslabón resulta fundamental: una vez que la mercancía entra a los canales clandestinos, su venta puede alimentar una economía ilícita mucho más amplia.

Alejo Campos, vicepresidente y director regional de Crime Stoppers International, una plataforma de denuncias anónimas de la región, lo resume así: “Para las bandas locales es mucho más barato y efectivo vender una cajetilla de cigarrillos sueltos de contrabando que vender cocaína. Además, la persecución criminal es más alta en la cocaína. En el cigarrillo, la persecución y el riesgo son mínimos”, afirma.

COLOMBIA: CASI CUATRO DE CADA DIEZ CIGARRILLOS SON DE CONTRABANDO

En Colombia, estas mercancías entran por puertos formales e informales en el Caribe y el Pacífico, concentrándose en La Guajira, el Golfo de Urabá y Buenaventura. Un distribuidor del mercado informal en Colombia, bajo condición de anonimato, reveló el esquema de triangulación, testaferrato y corrupción que facilita la entrada del producto desde Panamá:

“Hay un buffet de abogados que crea figuras jurídicas y cobra unos 300 dólares por eso. Funcionan como testaferros en Panamá. Desde allá, despachan hasta Buenaventura y en Buenaventura esperamos a los turnos de la noche. Nosotros tenemos bases de datos de los turnos de la Armada; en la noche bajamos porque las lanchas dejan las maletas con los cigarrillos en el muelle. En la mañana se empacan en guacales y luego salen hasta Puerto Merizalde”, señala.

Desde 2011, la Federación Nacional de Departamentos (FND) analiza la presencia de cigarrillos ilegales de KT&G mediante estudios que incorporan encuestas y recolección física de las cajetillas consumidas, permitiendo identificar marcas y procedencia.

Las mediciones citadas en el material muestran una tendencia ascendente: 35% del mercado en 2023, 36% en 2024 y 38% en 2025. En pocas palabras, casi cuatro de cada diez cigarrillos consumidos en Colombia serían de procedencia ilegal. La medición de 2024 de la Federación Nacional de Departamentos (FND) identifica además a Corea del Sur entre los países de origen declarado de cigarrillos ilegales encontrados en el país y registra a marcas de KT&G como Carnival y Pine dentro del mercado ilícito.

Carnival habría alcanzado en 2025 una posición particularmente relevante dentro de ese mercado colombiano, al situarse como la segunda marca ilegal más consumida, detrás de la paraguaya Rumba.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 2019 y octubre de 2026, se registraron 468 aprehensiones de cigarrillos ilegales, vinculados a marcas de KT&G, con un avalúo aduanero superior a los 55 mil 800 millones de pesos colombianos, más de 17 mil millones de dólares. Además, la Policía Fiscal y Aduanera confirmó que, en los últimos ocho años han sido desarticuladas 38 estructuras criminales vinculadas con el contrabando de cigarrillos.

“Mientras una cajetilla legal cuesta un 180% más debido a las cargas impositivas, las marcas surcoreanas irrumpen con precios muy competitivos y altos estándares de calidad de fábrica”, explica Daniel Rico, consultor en análisis de lavado de dinero y economías criminales. Estas pérdidas se traducen en el impacto fiscal para los recursos de los 32 departamentos del país.

LA PREGUNTA QUE LLEGA HASTA SEÚL

“Cuando se desvía la mercancía que estaba destinada a otro mercado y termina revendiéndose por intermediarios, ¿cómo yo en mi debida diligencia no estoy distinguiendo los lotes, los contratos, los documentos de exportación o que estén concatenados con las declaraciones de importación? Desde la perspectiva jurídica no se puede probar que haya responsabilidad del fabricante, pero sí que hay una falta de debida diligencia”, dice Lisandro Junco, exdirector de la DIAN.

Por eso, bajo esa línea no basta con determinar quién lo fabricó. Es necesario reconstruir quién lo compró, hacia dónde fue enviado, si posteriormente fue reexportado y qué mecanismos de monitoreo existen cuando determinados productos comienzan a aparecer de manera reiterada fuera de los mercados formales.

La fragilidad en el mercado plantea interrogantes para KT&G, compañía que, según medios como The Korea Times, ya atravesaba alertas desde 2016 respecto a la presencia masiva de sus cigarrillos en los mercados negros de la región, y que, según su propia información corporativa, está apostando por su expansión internacional al comercializar sus cigarrillos en 140 países con 65 mil 200 millones de unidades en ventas internacionales.

Mientras esa presencia aumenta, también cobra importancia conocer si los sistemas de cumplimiento, trazabilidad, conocimiento del cliente y debida diligencia sobre distribuidores evolucionan al mismo ritmo.

Desde Bolivia, Importadora Kortabaco Group, principal socio comercial de KT&G para América Latina, negó tener conocimiento de desvíos de sus productos hacia Colombia y afirmó cumplir con sus obligaciones tributarias. A su vez, Kortabaco Colombia sostuvo que únicamente comercializa Esse y Bohem, negó registrar pérdidas en su mercancía y aseguró que sus productos cumplen con las disposiciones legales.

Al cierre de esta investigación, seguimos en espera de una respuesta formal por parte de KT&G y de las autoridades mexicanas consultadas.

La existencia de cigarrillos de la compañía KT&G en un mercado negro plantea una pregunta legítima sobre trazabilidad: qué controles existen para conocer el destino final de los productos y qué medidas se adoptan cuando determinadas marcas aparecen repetidamente fuera de los canales formales. Porque, cuando esa recurrencia ocurre en mercados ilícitos donde también operan organizaciones criminales, la pérdida de trazabilidad deja de ser únicamente una cuestión aduanera. Se convierte también en un asunto de cumplimiento, gobernanza y riesgo reputacional para la compañía y sus accionistas.