En la tarde del miércoles 29 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro designó a Luis Eduardo Llinás como nuevo director encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Llinás, quien hasta ese momento se desempeñaba como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), reemplaza a Jairo Orlando Villabona, quien renunció debido a los bajos resultados en el recaudo tributario.
El presidente Petro y el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, confiaron en Llinás para liderar un proceso de modernización en la Dian. Donde, el objetivo principal será integrar la inteligencia artificial y el análisis de datos para aumentar el recaudo tributario, una de las prioridades del gobierno. Llinás destacó la importancia de optimizar procesos, mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Dian y garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
Desafíos en su gestión
Entre los retos para Llinás se encuentra el diseño e implementación de estrategias de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria. Tras su toma de posesión, el director explicó que su equipo trabajará para hacer de la Dian una entidad de vanguardia en materia tecnológica, permitiendo decisiones más estratégicas basadas en datos analíticos.
Sin embargo, la llegada de Llinás a la Dian no está libre de controversias, puesto que durante su gestión en la UIAF, enfrentó críticas por la filtración de información clasificada. Uno de los casos más polémicos fue el informe de las transacciones relacionadas con el software Pegasus, en el que se mencionaba una operación en efectivo por once millones de dólares entre Colombia e Israel, la cual pasó desapercibida para la UIAF.
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En mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigaría a Llinás, junto con otros funcionarios, por presunto tráfico de influencias. La investigación se centra en la relación de Llinás con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y si su cercanía permitió contratos irregulares. La Procuraduría busca esclarecer la posible conexión con el escándalo de corrupción relacionado con la compra de carrotanques en La Guajira.
