El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, denunció ante el Congreso que habría sido perfilado y amenazado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente por impulsar un proyecto de ley conocido como la ‘ley anticapuchas’.
Según explicó el congresista, la situación comenzó cuando fue informado sobre un panfleto que circuló en la Universidad de Antioquia y en el que aparecía mencionado como uno de los promotores de esta iniciativa legislativa.
Arizabaleta aseguró que inicialmente no presentó una denuncia formal porque la información le había llegado a través de un tercero. Sin embargo, días después apareció una publicación en una página web atribuida al ELN en la que, según su relato, volvió a ser mencionado en varias ocasiones.
El representante consideró que las referencias constituyen una amenaza debido a que el texto advertiría sobre la posibilidad de “tomar acciones” contra quienes promueven la iniciativa. Por esa razón, decidió llevar su preocupación al Congreso y solicitar medidas de protección.
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Jaime Arizabaleta pidió reforzar su esquema de seguridad
Ante la situación, Arizabaleta afirmó que ya estableció contacto con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para solicitar una evaluación de seguridad y un posible aumento de su esquema de protección.
El congresista también manifestó preocupación por su seguridad en Cali, ciudad en la que desarrolla parte de su actividad política y donde, según ha señalado, existe presencia de estructuras armadas y antecedentes de violencia asociados a las protestas.
La denuncia se produce en medio de la discusión sobre el proyecto de ley ‘anticapuchas’, una iniciativa promovida por Arizabaleta que busca establecer sanciones para quienes oculten deliberadamente su identidad durante protestas con el propósito de cometer delitos y aumentar las penas relacionadas con el bloqueo de vías.
El proyecto deberá iniciar su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Arizabaleta ha defendido que su propuesta no pretende limitar el derecho a la protesta pacífica, sino otorgar herramientas a las autoridades para actuar frente a hechos violentos cometidos durante manifestaciones.
Las amenazas denunciadas por el congresista se suman a otros episodios de intimidación que ha reportado en los últimos años. En 2024, la UNP confirmó que Arizabaleta contaba con medidas de protección luego de un estudio de nivel de riesgo.
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