El concejal de Cali Roberto Ortiz pidió la intervención de los organismos de control y de la Fiscalía por el proceso con el que EMCALI busca contratar un aliado estratégico para el alumbrado público. El cabildante aseguró que la invitación pública podría comprometer este servicio durante los próximos 20 años y solicitó que se evalúe la suspensión del proceso mientras avanzan las revisiones.
“Quieren privatizar el negocio”
A través de una carta abierta dirigida a la ciudadanía, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, Ortiz aseguró que presentó una constancia y un derecho de petición para que las entidades revisen la contratación.
Según explicó, el proceso corresponde a una Contratación Especial Exceptuada mediante la Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026, con la que EMCALI busca un aliado estratégico para operar el alumbrado público.
Señaló que, el modelo planteado no es conveniente para la ciudad. “Pretenden privatizar y entregar el negocio del alumbrado público a un actor privado por 20 años”, afirmó. Ortiz también cuestionó que la invitación pública se iniciara antes de un puente festivo y aseguró que el proceso limita la competencia entre los posibles oferentes.
La millonaria cifra que recauda Cali y el fantasma de viejos escándalos
El concejal mencionó que Cali cuenta con recursos suficientes para operar el servicio sin acudir a un aliado privado. Según indicó, el Distrito recauda cerca de 21.000 millones de pesos mensuales por concepto de alumbrado público. “Cali cuenta con el músculo financiero suficiente para administrar, planear y operar el alumbrado de manera autónoma”, señaló.
Además, advirtió que los pliegos no definirían con claridad las especificaciones técnicas del proyecto. Según dijo, esto dejaría decisiones muy importantes en manos del futuro contratista.
El cabildante comparó esta situación con la fallida licitación de televisores y medidores inteligentes de 2021. “Es inaceptable que pretendamos firmar un contrato multimillonario a ciegas para ver después qué nos van a entregar”, manifestó.
El SOS final: piden frenar el proceso antes de que sea tarde
Otro de los cuestionamientos de Ortiz apunta a los requisitos financieros y de experiencia exigidos a los proponentes. En su concepto, esas condiciones restringirían la participación de otros interesados. También cuestionó que el componente tecnológico no tenga un puntaje dentro de la evaluación de las propuestas y criticó las condiciones relacionadas con la contratación de seguros.
Al finalizar su carta, el concejal pidió a la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía intervenir antes de que se adjudique el contrato. “Solicito formalmente que se evalúen y se adopten de manera inmediata las medidas cautelares urgentes para suspender o frenar este proceso licitatorio”, expresó.
