La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza, y el primer vicepresidente de la corporación, Rafael Andrés Escobar, habría sido cancelada. Así lo dio a conocer este lunes 3 de agosto el abogado de ambos concejales, Julián Quintana Torres, en el marco de la investigación por el proceso de elección del contralor distrital de Cali para el periodo 2026-2029.
La diligencia había sido citada por la Fiscalía para este martes 4 de agosto a las 8:45 de la mañana. Se trataba del paso judicial en el que el ente acusador debía formular los cargos y sustentar ante un juez la solicitud de una medida de aseguramiento contra los dos cabildantes.
La razón que dio la defensa para el traslado a Bogotá
Según explicó Quintana, la decisión de cancelar la audiencia fue comunicada por la Fiscalía y la judicatura, que notificaron además que el expediente será remitido a Bogotá para unificar las investigaciones relacionadas con este caso. El abogado sostuvo que, de acuerdo con la información recibida por la defensa, en el análisis participaron varios fiscales, la fiscal a cargo del proceso y el vicefiscal.
El propósito de esa unificación, según el jurista, es concentrar las actuaciones en un solo despacho para evitar decisiones contradictorias frente a otras investigaciones que avanzan sobre los mismos hechos. “Lo que hace la Fiscalía es unificar las investigaciones y toda se va para Bogotá”, afirmó Quintana, quien añadió que el proceso podría terminar además en manos de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer los detalles.
La versión de la defensa sobre la actuación de la mesa directiva
Quintana insistió en que la actual mesa directiva del Concejo, encabezada por Plaza y Escobar, no incurrió en irregularidades durante el proceso de elección del contralor. Según su versión, los concejales adelantaron actuaciones para corregir inconsistencias que, sostiene la defensa, se habrían presentado durante el trámite liderado por la mesa directiva de 2025.
“Las autoridades han denunciado y también advertido las diferentes irregularidades del proceso de selección de la mesa directiva del año 2025, y ahora la mesa directiva 2026 en cabeza de mis representados corrige esos errores demandados por la autoridad”, señaló el abogado.
El defensor precisó que esa mesa directiva de 2025 es objeto de investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con el concurso para elegir al contralor distrital. Por eso, dijo, la defensa de Plaza y Escobar pedirá celeridad para que las autoridades definan la situación jurídica de los procesos que siguen abiertos.
La denuncia de un presunto “falso positivo judicial”
El abogado planteó, además, una denuncia adicional: aseguró que otros servidores públicos habrían pagado dinero a cambio de testimonios en contra de Plaza y Escobar, en lo que calificó como un presunto “falso positivo judicial”. Se trata, por ahora, de una acusación formulada por la defensa de los concejales investigados, sin confirmación de la Fiscalía ni de otras autoridades.
Según el jurista, la defensa cuenta con conversaciones de WhatsApp y otros chats que, en su criterio, evidenciarían pagos a servidores públicos para “orquestar falsas denuncias” contra sus representados. Quintana dijo que radicará esa información ante la Fiscalía.
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Esta investigación se suma a un proceso que lleva meses marcado por disputas legales. El concurso para elegir al contralor distrital del periodo 2026-2029 estuvo suspendido durante varios meses por diferencias sobre su legalidad, con pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Procuraduría de por medio.
La defensa señaló que permanecerá atenta al trámite del expediente una vez sea asumido en Bogotá y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades. Las investigaciones sobre la mesa directiva de 2025 y sobre el propio concurso del contralor continúan en curso, sin una fecha conocida para su definición.
