Una explosión registrada en medio de combates entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc obligó a evacuar a los estudiantes de una institución educativa del sector Arrastre Bajo, en el corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí.
Ante el riesgo para los menores, los docentes impartieron la instrucción de abandonar los salones de clase de inmediato y dirigirse hacia un punto humanitario establecido con anterioridad como sitio de protección para la comunidad educativa.
En medio de la tensión, algunos estudiantes salieron de las aulas gateando, siguiendo las indicaciones de sus profesores para desplazarse con mayor precaución mientras se escuchaban las detonaciones de los enfrentamientos.
Un protocolo que ya estaba acordado
La reacción de los docentes no fue improvisada. Se trató de la activación de un protocolo de protección definido previamente para este tipo de emergencias, lo que permitió guiar a los niños hacia un lugar considerado más seguro mientras se desarrollaban los combates.
Una zona marcada por la violencia recurrente
Timba se ubica en una zona estratégica y de alta complejidad por su cercanía con el departamento del Cauca. En un sector que continúa bajo la influencia del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
La comunidad educativa de este y otros corregimientos rurales de Jamundí ha enfrentado episodios similares en los últimos meses. Por esta situación, miles de estudiantes de la zona debieron pasar a clases virtuales en mayo de este año, ante la escalada de ataques armados.
Lea también: Capturan a una pareja armada en moto en la vía a La Regina, Candelaria
La jornada también dejó otro hecho de violencia en el sector. Una comitiva del CTI, el Ejército y funcionarios de Ecopetrol fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil. El ataque habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc, mientras adelantaban un proceso investigativo. La investigación estaba a cargo de las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y el Narcotráfico.
El proceso estaba relacionado con una de las fuentes de financiación ilegal de ese grupo armado. Uno de los vehículos de la comisión resultó impactado. Esto obligó a los servidores judiciales a retirarse del sector.
