Tras los recientes atentados en Cali y Palmira, las autoridades locales y nacionales definieron varias medidas para frenar la ola de violencia que sacude al Valle del Cauca. Durante un consejo de seguridad extraordinario en Palmira, el Gobierno Nacional elevó la recompensa por alias Marlon hasta los 5.000 millones de pesos. Este cabecilla, junto a alias Max Max y alias Oso Yogui, es señalado como el cerebro de los ataques con explosivos que han afectado a la región en las últimas horas.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el envío de ocho pelotones adicionales del Ejército que llegarán a mediados de mayo. Además, se espera que en agosto se sumen otros 12 grupos operativos para fortalecer la vigilancia en las zonas más críticas. “Ahorita en mayo llegan también dos pelotones blindados y los vamos a enfocar allá en Timba, Valle y Timba, Cauca”, aseguró Sanchéz. La estrategia incluye el uso de sistemas aéreos no tripulados y equipos antidrones para vigilar los accesos a las ciudades principales.
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, mencionó que el departamento no se doblegará ante la criminalidad. “Nosotros no nos arrodillamos ante la delincuencia, damos la cara y hacemos lo necesario para proteger a la comunidad”, afirmó la mandataria. Entre las decisiones tomadas destaca la expansión del bloque antiterrorista hacia Palmira y la creación de corredores seguros para blindar las carreteras del departamento.
Ofensiva contra las economías ilegales
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, recordó que la ciudad ha sufrido ocho ataques terroristas recientemente y pidió resultados contundentes. “Los caleños merecemos mucho más que ser un laboratorio para los narcoterroristas”. Eder resaltó que las recompensas no son solo por los hechos de las últimas horas, sino por un historial de violencia que ha dejado múltiples víctimas en la capital del Valle.
Lea también: “No hay espacio para el terrorismo”: ola de rechazo por atentado en Palmira
Las autoridades también se comprometieron a atacar de raíz la minería ilegal y los cultivos ilícitos que financian a estos grupos armados. Según el balance oficial, la ofensiva busca desmantelar las estructuras que están utilizando vehículos de servicio escolar y misiones médicas para camuflar explosivos. Por ahora, se mantiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables materiales de los ataques contra los cantones militares.
