Metrocali vuelve a estar en medio de la controversia. Un contrato firmado en 2007 y que nunca se ejecutó por completo ha llevado a la Fiscalía Cuarta Delegada contra la Corrupción de Bogotá a imputar cargos contra Luis Eduardo Barrera, expresidente de la entidad. El caso, que se tramita ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali, señala a Barrera por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
El exfuncionario rechazó las acusaciones y negó cualquier responsabilidad en la pérdida de recursos públicos. Sin embargo, las autoridades sostienen que hay evidencia suficiente para avanzar en el proceso judicial.
Un contrato millonario sin ejecución
En octubre de 2007, Metrocali suscribió un contrato con la empresa israelí Hafira Ve Hatziva por $22.750 millones para la construcción de la terminal del barrio Calima. A pesar de que en marzo de 2009 se desembolsó el 30% del valor total, equivalente a más de $6.895 millones, la obra nunca se llevó a cabo y el dinero tampoco fue devuelto.
Rodrigo Salazar, exjefe jurídico de la entidad, explicó en su momento que no se le señalaba por desviar fondos ni facilitar actos de corrupción, sino por haber aprobado una garantía que, según la investigación, permitió el desfalco.
El escándalo se hizo público en 2013 cuando María del Pilar Rodríguez, entonces presidenta de Metrocali, reveló que el contrato llevaba años sin avances y que la empresa contratista se negaba a devolver el dinero recibido como anticipo. La directiva anunció en ese momento la terminación del contrato y la necesidad de iniciar un proceso limpio para la construcción de la terminal.
Según Rodríguez, el Ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya habían advertido que la obra no era viable en los términos acordados. A pesar de los intentos por liquidar el contrato y recuperar los fondos, la negativa del contratista obligó a Metrocali a interponer una denuncia penal.
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Finalmente, el caso sigue su curso en los tribunales y se espera que la justicia determine si hay más responsables en la pérdida de estos recursos. La comunidad caleña, mientras tanto, sigue atenta al desenlace del proceso y a la posibilidad de que el dinero sea recuperado para ser reinvertido en la infraestructura del sistema de transporte masivo de la ciudad
