La noche del viernes 9 de mayo, una caravana masiva de motociclistas paralizó el sur de Cali, luego de tomarse sin autorización la calle 5, en sentido norte-sur, a la altura del barrio San Fernando. La acción, convocada de manera informal a través de redes sociales por varios creadores de contenido de Cali y Medellín, provocó una serie de afectaciones que se extendieron durante varias horas, dejando a cientos de ciudadanos atrapados en medio de un monumental trancón.
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El evento no contaba con permiso alguno de las autoridades, lo que agravó la situación. Los motociclistas, sin ninguna regulación ni acompañamiento institucional, ocuparon carriles completos, realizaron maniobras peligrosas y desafiaron abiertamente las normas de tránsito. La caravana, que según testigos llegó a concentrar a más de un centenar de vehículos, se desplazó por varias vías principales hasta llegar a la recta Cali–Palmira, donde se produjo un bloqueo temporal que afectó a numerosos conductores.
Sanciones para los identificados de participar en la caravana
Es por esto que la Secretaría de Movilidad rechazó categóricamente el hecho. Gustavo Orozco, titular de la dependencia, expresó su preocupación por el riesgo al que se expuso la ciudadanía: “La supuesta rodada organizada para hoy ha puesto en riesgo la vida de miles de caleños en las calles, infringiendo todas las normas de tránsito y generando un caos y anarquía totalmente opuestos a la ciudad que queremos la mayoría”, escribió en su cuenta de X.
Asimismo, anunció que ya se avanza en la identificación de los participantes y convocantes del evento, advirtiendo que enfrentarán sanciones ejemplares: “Desde @movilidadcali tomaremos medidas severas contra los participantes identificados que ignoran las obligaciones de conducir. ¡Las normas y la ciudad se respetan, punto!”.
Este tipo de manifestaciones informales en motocicleta no son nuevas en el país. En ciudades como Medellín y Bogotá también se han registrado “rodadas” convocadas por influencers y colectivos, con fines de exhibición, entretenimiento o protesta. No obstante, en muchos casos terminan generando disturbios o bloqueos que afectan la movilidad y seguridad ciudadana.
El caso reabre el debate sobre el uso del espacio público, la regulación de eventos masivos no autorizados y el rol de las redes sociales en la convocatoria de actividades que pueden derivar en caos urbano. Para las autoridades caleñas, el mensaje es claro: la recreación y el derecho a la libre circulación no pueden estar por encima de la ley ni de la seguridad colectiva.
