La comunidad de Alto Pance, en zona rural de Cali, denunció la destrucción de construcciones levantadas con recursos propios y trabajo comunitario. En un video difundido en redes sociales, los habitantes mostraron su indignación mientras observaban cómo derribaban senderos que, según ellos, fueron construidos con esfuerzo, sin recibir ninguna advertencia formal por parte de las autoridades.
Vecinos del sector aseguran que estas obras eran parte de mejoras habitacionales o de infraestructura comunitaria. A través de sus testimonios, manifestaron sentirse vulnerados, ya que no se siguió ningún proceso transparente ni se ofreció una alternativa legal para defender sus derechos. “Lo que construimos con las manos, el Estado lo tumbó sin decir una palabra”, relató un residente en medio de la confusión.
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Concejal exige explicaciones a la Alcaldía de Cali
El concejal Roberto Ortiz, a través de su cuenta oficial en la red social X, exigió a la Alcaldía de Cali una respuesta inmediata y clara sobre lo sucedido en Alto Pance. En su mensaje, calificó el operativo como un acto arbitrario y pidió que se rinda cuentas a la ciudadanía. “¡No hacen ni dejan hacer! La comunidad merece respeto, no atropellos”, afirmó el cabildante, visiblemente molesto.
Ortiz también exigió que, si existían irregularidades urbanísticas o legales, debieron comunicarse mediante un proceso oficial, con garantías jurídicas para los habitantes. Además, insistió en que las decisiones que afecten directamente a la población no pueden tomarse a espaldas de quienes viven en los territorios rurales. “La dignidad de la comunidad no puede ser arrasada por una retroexcavadora”, subrayó.
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Piden transparencia y respeto a derechos fundamentales
Organizaciones sociales y líderes comunitarios se unieron a la denuncia, señalando que la Alcaldía debe establecer canales de diálogo con los habitantes de la zona rural. Para ellos, esta situación refleja una desconexión institucional con las realidades del campo caleño y exige una revisión urgente de los protocolos.
Hasta el momento, la Administración Municipal no ha emitido un comunicado oficial explicando las razones detrás de la demolición ni los procedimientos aplicados. La falta de información alimenta el malestar social en la zona, donde las personas claman por transparencia, respeto a la propiedad, y acompañamiento institucional antes que confrontación. “Si hubo errores, que se corrijan, pero que no se pisoteen los derechos de la gente”, concluyó un vocero del sector.
