La madrugada del pasado viernes 24 de abril dejó de ser una jornada habitual en el municipio de Túquerres, Nariño. El lugar se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más impactantes de la región. Los hechos involucran a un miembro activo de la Fuerza Pública. Este caso pone sobre la mesa la gravedad de la violencia intrafamiliar. También cuestiona los protocolos de control sobre el armamento oficial dentro de la institución policial.
Cerca de las 3:15 a. m., el estruendo de proyectiles de arma de fuego rompió el silencio. El ataque ocurrió en una vivienda familiar del barrio Simón Bolívar. En el interior, Luis Manuel Yampuezan, patrullero de la Policía Nacional, disparó contra su expareja, Mónica Paola Zambrano Jiménez. En el mismo acto, hirió a su hijo de apenas cuatro años. Las autoridades capturaron al uniformado poco después. Mientras tanto, el menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Los médicos confirmaron su deceso horas más tarde debido a la severidad de los impactos.
Cronología y detalles del ataque
El patrullero Yampuezan laboraba habitualmente en la ciudad de Cali. Específicamente, prestaba sus servicios en la estación Los Mangos de la Policía Metropolitana. Sin embargo, el uniformado se encontraba en Túquerres, fuera de su jurisdicción laboral, al momento de la tragedia. Reportes preliminares indican que Yampuezan llegó a la vivienda cerca de la medianoche del jueves. Tras sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental, él desenfundó el arma que desencadenó el fatal desenlace.
La reconstrucción de los hechos indica que el ataque surgió en un contexto de presunta intolerancia. Los investigadores judiciales analizan ahora si la agresión iba dirigida exclusivamente contra la mujer. Esto tipificaría el caso inicialmente como una tentativa de feminicidio. No obstante, los disparos alcanzaron al niño, provocando su muerte. La rápida reacción de los vecinos fue fundamental, ellos alertaron a las patrullas del cuadrante y permitieron la captura inmediata del agresor antes de que escapara de la zona.
El interrogante sobre el arma de dotación
Un punto crítico en este expediente judicial es el origen del arma utilizada. El informe oficial de la Policía señala que Yampuezan finalizó su turno de servicio a las 9:00 a. m. del jueves 23 de abril en Cali. No obstante, el registro de armamento evidenció una falla administrativa grave. El patrullero no realizó la entrega reglamentaria de su pistola de dotación al terminar sus labores.
Esta omisión permitió que el uniformado se desplazara entre departamentos portando el arma oficial. El reglamento institucional exige resguardar todo elemento letal en la armería de la estación al finalizar el servicio. El incumplimiento de esta norma activó una investigación disciplinaria interna. El proceso busca determinar los fallos en la supervisión de la estación Los Mangos y también pretende establecer las responsabilidades de los superiores encargados de recibir el equipo.
Perfil de las víctimas y estado de salud
La comunidad de Túquerres manifestó su consternación por la muerte del pequeño Luis Manuel Yampuezan Zambrano. Sus familiares recuerdan al niño como un menor alegre que apenas iniciaba su etapa escolar. Por su parte, Mónica Paola Zambrano Jiménez recibió varios impactos de bala. Actualmente permanece bajo observación médica en un hospital local. Los reportes clínicos sugieren que su estado físico es estable, aunque su condición es delicada.
Las autoridades de salud de Nariño activaron una ruta de acompañamiento psicológico. El apoyo está dirigido a la mujer y a su círculo familiar extendido. Este caso se suma a las preocupantes estadísticas de violencia de género en el departamento. En esta región, las disputas de pareja escalan con frecuencia a agresiones letales. La presencia de armas de fuego en el entorno doméstico agrava significativamente la vulnerabilidad de los menores.
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Proceso de judicialización
La Fiscalía General de la Nación lidera el proceso contra Luis Manuel Yampuezan. El uniformado permanece bajo custodia en un centro de detención. Las autoridades ya legalizaron su captura y procedieron con la imputación de cargos. Los delitos incluyen homicidio agravado y lesiones personales. La fiscalía recolecta testimonios y pruebas balísticas para fortalecer el caso ante un juez de control de garantías. El ente investigador busca establecer la plena responsabilidad del patrullero en estos hechos.
Este episodio reabre el debate nacional sobre el seguimiento psicológico a los policías. Muchos de ellos operan en zonas de alta complejidad como la ciudad de Cali. La presión del servicio y los conflictos personales forman una mezcla peligrosa. Expertos sugieren que se requiere una intervención institucional más robusta y constante. La Policía de Nariño fue enfática en su comunicado oficial. La institución afirmó que el patrullero actuó de manera individual y deberá enfrentar todo el peso de la ley colombiana.
Repercusiones en la institución
La tragedia generó una ola de críticas sobre el manejo de personal fuera de servicio. La Policía Nacional expresó su solidaridad y condolencias a los familiares del menor fallecido. Asimismo, la institución reiteró su política de cero tolerancia frente a comportamientos contrarios a la ley. El caso será llevado hasta las últimas consecuencias penales y administrativas.
Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias de acusación. El testimonio de la madre sobreviviente será una pieza clave para el juicio. Por ahora, el municipio de Túquerres guarda luto por una vida segada prematuramente. El sistema judicial busca establecer una condena ejemplar en este caso. El objetivo es enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que conlleva el porte de armas oficiales en Colombia. La sociedad civil exige que estos hechos no se repitan y que existan controles más estrictos para los uniformados.
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