Una colcha con 33 rostros se despliega en la pared de un auditorio. Bryan Gabriel Rojas, Miguel Ángel Pinto, Santiago Murillo, Santiago Moreno, Nicolás Guerrero, Lucas Villa, Sebastián Jacanamijoy y Angie Valencia son algunos de los nombres que de ella se desprenden. El fondo de la tela simula el de un cielo azul, lleno de blancas nubes, en donde estarían reposando sus almas tras ser despojadas de sus cuerpos en el paro nacional del 2021.
Ese paro, que duró cerca de tres meses y conmocionó a toda Colombia, cumple cinco años.
—Antes que nada, conectemos con la espiritualidad —dice una de las personas presentes en el auditorio. El espacio se prepara para una audiencia pública que busca hacer memoria y encontrar respuestas institucionales a los casos de las víctimas del paro.
Al frente de la colcha, sobre una parte del suelo del auditorio, hay un círculo dibujado con hojas y flores amarillas, naranja y vinotinto. Al interior del círculo hay cinco espirales de color naranja, hechas con pequeñas piedras. Cada una tiene una vela y rodean a otro círculo más pequeño que tiene un velón mucho más grande. Es blanco, como el color de la paz. También hay platos hondos pequeños con tierra, jengibre y fríjoles.
—Cada vela representa cada año que hemos caminado durante y después del estallido. Los espirales son la vida que siempre está en construcción. La semilla, porque somos semilla y somos memoria. Tenemos hijos, nietos, hermanos. Están los colores y la simbología de lo que se ha creado o recreado por este camino de la mano de organizaciones sociales, de derechos humanos y de familias. También representa el agua, la tierra y el fuego. Si falla un elemento de esos, falla la vida —continúa.
Sobre el círculo también hay carteles con una lista de 76 nombres de jóvenes presuntamente asesinados por la Fuerza Pública en Cali y Yumbo. Adelante, entre los asistentes, hay víctimas y familiares de varios de los jóvenes enlistados. En la primera fila hacia la izquierda, justo al lado de la colcha de 33 nombres, hay madres, abuelas y hermanas que han alzado su voz por sus hijos y hermanos que ya no están desde hace cinco años.
Está Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, un joven graffitero de 27 años asesinado el 3 de mayo del 2021 y que se convirtió en símbolo del paro. Laura es la “mamá” de las víctimas, o al menos así la reconocen. Es quien, desde hace cinco años, decidió hablar y hablar y hablar, en lugar de callar. Laura aún recuerda a Nicolás y, aunque perdió un hijo, ganó muchos más. Laura no conoce el miedo ni el silencio. Tampoco sabe qué significa rendirse.
A su lado también están Sandra Moreno, madre de Santiago Moreno Moreno; Gloria Ramírez, madre de Yinson Andrés Angulo; Leidy Chica, hermana de Luis Eduardo Solano, y Marisela Cano, abuela de Maicol Joan Vargas. Todos asesinados en el estallido. La melancolía se dibuja en sus rostros, especialmente en el de Sandra, cuyos ojos se llenan de lágrimas al habitar espacios de memoria y recordar a su hijo. Cuando a Sandra le hablan de la vida, recuerda que la suya está incompleta desde el 1 de mayo del 2021, cuando su hijo salió de la casa y no regresó. De todas formas, a Sandra todavía le gusta hablar de su hijo en presente, como si no estuviera muerto.
Las líneas de expresión de Sandra, así como las de Laura, Leidy y Gloria, están pronunciadas. Hay agotamiento, tristeza, pero también amor. Quizá en el fondo del corazón también hay una chispa de esperanza, aunque no han visto la justicia. Aunque la audiencia pública busca encontrar respuesta del Estado, el sexto sentido de madres y hermanas ya les anticipa que, otra vez, no habrá nada que pueda llenarles una céntima del vacío que habita en su ser y que se acomoda en cada línea de expresión, en cada ojera, en cada lágrima y en cada silencio.
Aun así, ahí están.
El clima de nostalgia se apacigua con un poco de arte. Giovanny García, conocido como ‘Gioh’, se pone de pie frente al auditorio. La vida le cambió desde el 29 de abril del 2021, cuando perdió la visión del ojo izquierdo al recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno por parte de un agente del Esmad.
“Honor y lealtad por los que ya no están. Sus principios y sus luchas en mi cora están. Miro al cielo, tomo un trago y se siente mal. Pero con buenas vibras les voy a recordar”, canta entonado. Es apenas un fragmento de una canción que nació para mantener viva la memoria de lo sucedido en el paro.
Por su caso, un juzgado responsabilizó al Estado. Pero es apenas uno de tantos. Aún así, siguen faltando respuestas.
—Según la Fiscalía, hubo 104 fallecidos como resultado del paro nacional en Cali. Que podamos identificar nosotros, son 64. Pero la Fiscalía dice que son 104. Lo que decimos con certeza es que es un porcentaje complejo —asegura Herwin Corzo, abogado de Laura Guerrero y quien abre el espacio—. Hubo un modus operandi para también desaparecer a manifestantes, como la detención de personas en vehículos sin identificación oficial, el no registro de detenciones, el ocultamiento de información y tratos crueles en los centros de detención —agrega.
La policía ocultó información, dice. No entregó las copias de los folios completos, hay páginas inexistentes y hubo personas que habrían entrado a estaciones de policía y nunca salieron. También hay testimonios de tortura, como el de Fabier Londoño Medina, quien le dijo a su hermana haber sido golpeado por la Policía, o el de Kelvin José Plaza, quien estuvo retenido por tres días en la estación de las Américas, en donde le robaron dinero y su celular.
Y no, no hay investigaciones abiertas en la Policía por ninguno de los casos.
Los asistentes, que en su mayoría son víctimas, familiares de víctimas o personas vinculadas a los procesos del paro, expresan decepción en sus rostros. Hay indignación y asombro por lo que están escuchando. Para otros, ni siquiera hay expresión en sus miradas. Solo escuchan atentamente, como si estuvieran perdidos en el universo de información, de indignación, o en las dos.
Algunos asistentes incluso miran la pared de la derecha, no la de la colcha con los 33 rostros, sino la otra, que tiene fotografías alusivas a las marchas del paro nacional en Siloé, como la de un funeral. En la foto se ven a diferentes personas llorando sobre un ataúd. No hay más contexto, pero no es necesario, pues enseguida hay otra foto que retrata la escena más común del paro: de un lado de la calle, agentes del Esmad —hoy Undmo— y, del otro, jóvenes de la Primera Línea escudando a manifestantes en medio de gases lacrimógenos.
Otra vez, la expresión de las madres, abuelas y hermanas que están sentadas al frente es de indignación.
“La paz no bajará del cielo, mientras haya madres que carguen fotos en lugar de abrazos”, dice un cartel puesto a disposición del público.
De 171 casos abiertos en el marco del paro, solo 110 están activos en la Fiscalía. Hay 26 inactivos y otros 35 sin información. De los que están activos, solo 54 casos están en juicio y 82 en indagación. Eso quiere decir que casi la mitad están estancados en la fase más temprana de investigación.
Sí, en cinco años, esto es lo que ha pasado en el sistema judicial colombiano con respecto a los casos del estallido.
A su turno, los delegados de la Fiscalía, Paulo César García y Verónica Hurtado Palma, justifican haber llevado once casos a la etapa de juicio oral: 16 por asesinato y uno por lesión ocular.
En cinco años.
Los delegados de la Fiscalía destacan la formulación de acusaciones contra miembros de la Fuerza Pública y altos mandos, entre ellos el excomandante operativo de la Policía Metropolitana, Edgar Vega Gómez; el comandante del GOES, Fabio Mancilla, y miembros del Esmad. Pero aún no hay nada en firme contra otros altos mandos que son unos siete.
En cinco años.
Para las víctimas y sus familias no es suficiente. Nunca es suficiente cuando se espera una justicia real, rápida, eficaz y reparadora. Nunca es suficiente cuando el dolor que alberga el corazón se acentúa más al saber que los casos siguen impunes. Para ellas, son respuestas vacías y revictimizantes. Además, traen a colación que las audiencias se siguen aplazando y que, por ejemplo, en febrero había una, pero fue reprogramada hasta julio. Cuatro meses más de espera, con la incertidumbre de que puede volverse a aplazar.
—Soy una mamá que vio heridos, que vio cómo maltrataron a los muchachos, y ustedes vienen con esas caras frías. Parece que no les corriera sangre por el rostro. A nosotros nos pueden mentir, pueden hacer lo que quieran, pero a mi Dios no le pueden mentir —dice Marta, quien vivió el paro nacional desde la olla comunitaria en Puerto Resistencia, al suroriente de Cali.
—Digo sinceramente que yo no creo en la justicia porque son cinco años y cada que hay una audiencia termino llorando, termino con esa incapacidad, porque uno ve que la justicia no camina —agrega Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda, asesinado el 28 de mayo de 2021 en Siloé tras recibir un impacto de bala en medio de una manifestación.
En el recinto también está María Italia Pérez, su esposa y madre de Michael. Los dos han caminado juntos desde que su hijo se fue de sus vidas. Desde entonces, cada fin de semana, de la mano de la comunidad, se hacen en la Glorieta de Siloé para alzar su voz. Abelardo y María Italia siguen esperando que el caso de su hijo se resuelva, pero hasta el día de hoy no hay respuesta. Se presume que su homicidio estuvo en manos de la Fuerza Pública, pero aún su asesino no tiene rostro. Lo que les queda es un libro llamado “Tribunal Popular en Siloé: conmemorar, dignificar y resistir”, construido desde la sociedad civil como una cartografía de memoria de lo sucedido en Siloé durante y después de las manifestaciones del paro nacional.
—Este libro es mi hijo. Es lo que me queda de él —dice Abelardo, mientras su esposa mantiene la mirada firme en el público. Es una mirada profunda, que logra transformar el dolor en resistencia. La mirada la comparte con su esposo, quien la mayor parte del tiempo es el que ha tomado la palabra y ha interpelado a la institucionalidad en la audiencia.
Las madres, quienes se mantenían en la primera fila hacia la izquierda, al lado de la colcha, se ponen de pie. Sus miradas ahora no son de nostalgia sino de indignación. Se van, porque prefieren estar afuera antes que seguir escuchando lo que para ellas es un Estado inoperante. Ahora esa fila está incompleta y detrás queda el resto del público, que percibe el momento en que se levantan para salir.
Ni Laura, ni Sandra, ni Gloria, ni Leidy han encontrado respuestas en sus casos. Por ahora, les queda seguir caminando junto a familias como María Italia y Abelardo, y víctimas como Giovanny ‘Gioh’, para construir memoria y que sus familiares no se olviden.
Mientras tanto, lo que queda de fe reposa en un comité de expertos que recién se creó. Es transitorio y va hasta el 26 de julio del 2026. A pesar de durar tan poco, apenas a finales de mayo tuvo una primera reunión con las víctimas de Cali. Según las familias, posiblemente fue la primera y la última, porque en dos meses dudan volver a encontrarse. En todo caso, ese comité tiene la responsabilidad de elaborar un informe para reparar a las víctimas, así como de hacer recomendaciones que abran vías para avanzar en medidas de atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición frente a las graves violaciones a los derechos humanos en el paro, no solo en las manifestaciones del 2021 sino también en las del 2019. Ese comité fue una exigencia de las víctimas y un logro de la Mesa Nacional de Garantías, conformada por la sociedad civil.
Aun así, ha atravesado dificultades para acceder a la información necesaria para su labor.
Las mismas dificultades que las familias y su defensa denuncian: tardanza u omisión en responder derechos de petición, la “reserva” o la protección de datos como argumento para no entregar la información, tutelas y órdenes de desacato.
De todas formas, se mantiene algo de fe en ese comité.
—Yo valoro y comprendo la lucha y el dolor que ustedes como víctimas tienen por estos casos. Desde la Fiscalía 94 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha habido un compromiso permanente desde que los casos transcurrieron. Estamos orientados a luchar contra esa impunidad y a buscar lo que tanto ustedes reclaman como justicia —responde el fiscal delegado García. Lo dice con el mismo tono de voz que ha manejado para entregar sus respuestas: tranquilo, sereno y un tanto frío, comparado con la algidez de los reclamos.
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior también reconocen insuficiencia en las respuestas. Aunque hay solidaridad y disculpas de su parte, las víctimas perciben falta de compromiso real y de garantías. Sin embargo, ambas entidades aseguraron que acompañarán a las víctimas y a las familias con mayor responsabilidad.
—Sabemos que el Estado puede tomar muchas formas. En este caso, ustedes son los que ponen la cara por ese Estado criminal que orquestó y propició una tragedia que nunca debió haber pasado. Acá lo que queremos es que ustedes nos den garantías de que las audiencias no se van a volver a aplazar, de que realmente van a investigar y no van a volver a revictimizar a las familias —dice Marta, una de las participantes de la audiencia—. Han tenido cinco años, o bueno, siete, si contamos lo que pasó en el 2019, y no han investigado bien porque no les da la gana —concluye con la voz quebrada, entre la histeria y la desazón.
La Fiscalía asegura que no puede garantizar que una audiencia no se aplace, pero sí que hará lo posible, dentro de lo que esté en sus manos, para que no suceda. En los oídos de las víctimas suena como si les dijeran que no hay garantías.
Las madres que se levantaron hace minutos para no escuchar más vuelven a ingresar. Esta vez cambiaron su ropa por coloridos vestidos verdes, naranjas y fucsia. Los vestidos tienen flores y transmiten vida. Su ingreso al auditorio disipa los reclamos, el dolor y el vacío, como si hubiera una sombra gris y pesada que de repente desaparece ante una fugaz y fuerte luz enceguecedora.
—No venimos a reconciliar la impunidad. Venimos a romper el silencio que la sostiene, porque esta memoria no pide permiso, no se archiva y no se apaga: sigue latiendo, señalando y exigiendo justicia —dicen.
Presentan un performance, una obra de teatro que construyeron para tejer memoria sobre los hilos del olvido. Es un acto simbólico, una puesta en escena que honra el nombre de los muertos y de los lesionados. Sobre sus coloridos vestidos, se cubren de telas negras y de flores. Las lágrimas que brotan de sus ojos se cruzan con la piel de los brazos y los hombros, que se encuentran entre sí por cálidos abrazos.
Por ahora, parece ser de lo poco que tienen para combatir la impunidad y mantenerse de pie ante un Estado que no camina a su ritmo. Bueno, no es poco, es mucho. Es mucho comparado con el vacío institucional que pesa sobre sus pies.
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