En Senado avanza un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), para que las regiones tengan más recursos y así combatir la centralización de los presupuestos.
La propuesta busca modificar el mecanismo por el cual municipios, distritos y departamentos reciben fondos de la Nación, destinados a financiar servicios esenciales como educación, salud y agua. Estos fondos provienen de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), generados a través de impuestos directos e indirectos, derechos administrativos, y la venta de bienes básicos, entre otras fuentes.
El proyecto que pasa a su sexto debate este lunes, tiene el apoyo del presidente Petro. Sin embargo, desde varios frentes políticos critican una posible inviabilidad fiscal a mediano plazo. Incluso dentro del mismo gobierno hay diferencias sobre como cambiaría las finanzas del país.
El presidente Petro apoya la reforma con condiciones
En la mañana del 28 de octubre, unas horas antes de iniciar el debate. Con una respuesta al un video de Paloma Valencia donde critica el proyecto, el presidente Petro anunció en su cuenta de X el apoyo a la reforma al SGP, con una serie de condiciones:
1. El aumento del 26 al 46% de los ingresos corrientes de la nación debe ser gradual.
2. Se trasladan competencias que antes hacía la nación con sus recursos, con lo cual, según Petro, no aumentaría el déficit fiscal.
3. La fórmula de reparto en la ley de competencias debe privilegiar las regiones más excluidas.
4. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media.
5. Ante el incremento sustancial del poder económico del municipio, plantea una inclusión de la ciudadanía en el dinero, para que no se quede en “las mafias locales”.
Choques por el umbral: Oposición y MinHacienda cuestionan viabilidad fiscal
Para voces dentro del gobierno como el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la reforma tal y como está ahora es “insostenibles fiscalmente”. Bonilla pide que bajen el umbral al 37%, como propuso la Misión de Descentralización; además de aumentar el plazo en que se aumente este umbral, que pase de 10 a 15 o 20 años, para evitar problemáticas fiscales a mediano plazo.
Una postura que comparten senadores ponentes como Angélica Lozano, quien apoya el espiritu de la reforma de cristo, pero está del lado de Bonilla, frente a diferir el monto. Además, afirma que “46% es cheque chimbo incumplible a los territorios”
En un lado menos conciliador se encuentran parlamentarios como Paloma Valencia, quien ha manifestado que la reforma al SGP dejaría un hueco fiscal de 577 billones de pesos a 10 años. Además, aseguró que aumentaría la corrupción y que el objetivo de este proyecto es beneficiar a Fecode, para que los niños de 0 a 5 años solo puedan tomar educación pública.
A partir de esas críticas, el gobierno busca consensos para reducir el porcentaje del monto y la cantidad de años. Aunque, el proyecto parece que cuenta con todos los votos para salir de victorioso de su sexto debate en Senado y pasar dos debates más en la Cámara para convertirse en ley.
