El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que podría poner freno a las transmisiones públicas de los Consejos de Ministros que lidera el presidente Gustavo Petro. La acción judicial, interpuesta por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, argumenta que la emisión de estas reuniones vulnera la confidencialidad que la ley otorga a este tipo de deliberaciones gubernamentales.
Le puede interesar: Intenso debate entre Petro y Duque por consulta popular
Ortiz Mancipe, en su acción de cumplimiento, solicitó al alto tribunal ordenar al presidente y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) suspender la divulgación en tiempo real de estos espacios de discusión. Según el demandante, estas prácticas desconocen lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley 63 de 1923, que califica de reservadas las sesiones del gabinete ministerial.
Debate sobre transparencia y reserva en el alto gobierno
La decisión de admitir la demanda fue tomada por la Sección Primera del tribunal, en un auto firmado por el magistrado Fabio Iván Afanador García. La resolución da inicio formal al proceso, solicitando a la Presidencia y al Dapre presentar pruebas y aportar antecedentes administrativos en un plazo de tres días.
Este caso revive el debate sobre los límites entre la transparencia institucional y la necesidad de proteger la confidencialidad de las discusiones de alto nivel. Mientras el gobierno de Petro ha defendido la práctica como un ejercicio de apertura democrática, sus críticos la califican de riesgosa y contraria a la legislación vigente.
No es la primera vez que la transmisión de los Consejos de Ministros genera controversia. Parlamentarios como María Fernanda Cabal y José Jaime Uscátegui han denunciado al mandatario por presunta violación del deber de reserva. Uscátegui, incluso, llevó el caso ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, advirtiendo que al hacer públicas deliberaciones sensibles sobre temas de seguridad nacional, se podría estar revelando información estratégica del Estado.
A esas denuncias se sumaron las del congresista Juan Espinal y el abogado Santiago Suárez, quienes pidieron investigar tanto al presidente como a los ministros por posibles infracciones legales relacionadas con la divulgación de información confidencial.
El avance de esta demanda abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre la rendición de cuentas y la protección de la información reservada en la administración pública. El desenlace podría marcar un precedente sobre el manejo de la comunicación institucional en Colombia.
