La violencia sigue golpeando el Suroeste de Antioquia. En la madrugada del 19 de marzo, cuatro trabajadores de una finca cafetera en zona rural del municipio de Andes fueron asesinados en un acto que las autoridades vinculan a disputas criminales. El ataque, ocurrido en la finca La Amistad, ha generado conmoción en la comunidad cafetera y un llamado urgente a fortalecer la seguridad en la región.
Según testigos y reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en la finca durante la madrugada. Primero, redujeron al mayordomo, impidiéndole salir de su vivienda. Luego, se dirigieron al alojamiento de los trabajadores, sacaron a cuatro de ellos y los ejecutaron.
Las autoridades hallaron los cuerpos de dos víctimas cerca de la finca, mientras que los otros dos fueron encontrados en un barranco con signos de haber sido atados antes de su asesinato. Tres de ellos serían ciudadanos venezolanos y el cuarto, un trabajador recién llegado desde la Costa Caribe. Sus identidades aún no han sido confirmadas por las autoridades.
Frente al hecho, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, indicó que la principal hipótesis apunta a una disputa entre grupos criminales dedicados al microtráfico en la región. En esta zona, el conflicto entre estructuras armadas ilegales ha incrementado los niveles de violencia, afectando tanto a pobladores como a trabajadores del campo.
Equipos de investigación han sido desplegados en la zona para recolectar pruebas y dar con los responsables. Mientras tanto, la comunidad sigue en alerta ante el temor de nuevos ataques.
Un año marcado por la violencia en Antioquia
Este crimen se suma a una serie de ataques ocurridos en el departamento en los primeros meses del año. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta es la masacre número 15 en Colombia en 2025. En Antioquia, es la tercera en lo que va del año, después de las registradas en Yarumal el 25 de enero y en Urrao el 1 de marzo, donde también fueron asesinadas varias personas en circunstancias similares.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la creciente crisis de seguridad en Antioquia. Las disputas entre grupos armados han generado desplazamientos y confinamientos en diversas subregiones, afectando directamente a comunidades campesinas y trabajadoras.
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El asesinato de estos cuatro trabajadores resalta la necesidad de medidas más contundentes para garantizar la protección de quienes habitan y laboran en las zonas rurales. La comunidad espera respuestas concretas por parte del Gobierno y las autoridades locales para frenar la violencia que azota la región.
