El expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su propuesta de que las sanciones impuestas a miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos hasta 2016 no superen los cinco años de prisión. A través de un video publicado en la red social X, el exmandatario sostuvo que cualquier condena contra militares debe ser revisada y, de confirmarse, reducirse a este límite de tiempo.
Uribe insistió en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no debe prolongar su mandato y recalcó que esta posición la ha defendido desde hace varios años. Según explicó, su propuesta busca equilibrar el marco de la justicia transicional con el reconocimiento de la labor de los uniformados durante el conflicto armado.
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Recordatorios sobre los falsos positivos y la JEP
En su intervención, Uribe recordó las decisiones que tomó durante su gobierno frente a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Señaló que en octubre de 2008, tras recibir un informe del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ordenó la desvinculación de 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, como medida inmediata frente a las irregularidades detectadas.
El exmandatario también mencionó que ha atendido todos los requerimientos de la Comisión de la Verdad y aseguró que, además de los casos comprobados, se han presentado denuncias falsas que, en su criterio, han buscado desacreditar a las Fuerzas Armadas. Asimismo, afirmó que algunos oficiales han manifestado presiones de la JEP para admitir responsabilidades que no les corresponden.
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Contexto de las decisiones de la JEP
El pronunciamiento de Uribe se da en un momento en que la JEP se prepara para imponer sus primeras sanciones propias contra exmilitares y exintegrantes de las Farc. Estas medidas, que oscilarán entre cinco y ocho años, no se cumplirán en cárceles tradicionales, sino a través de restricciones efectivas de derechos y libertades, junto con labores de carácter reparador y restaurador.
La Misión de Verificación de la ONU supervisará el cumplimiento de estas sanciones, tras el aval del Consejo de Seguridad en 2021. El monitoreo incluirá tanto el seguimiento individual como el análisis general de los procesos, y los resultados se consignarán en informes periódicos para la JEP y las Naciones Unidas.
