El gobierno de José Antonio Kast ejecutó el primer vuelo de expulsión masiva de su administración. La aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Entre los deportados se encuentran 19 ciudadanos colombianos que arribaron a Bogotá cerca de las 8:00 p.m. tras escalas técnicas en La Paz y Guayaquil.
Según datos oficiales de Migración Chile, el grupo estaba compuesto por 25 personas expulsadas por medidas administrativas y 15 por órdenes judiciales. De los deportados, 30 contaban con antecedentes por delitos como robo con violencia, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. El resto de los ciudadanos enfrentó la medida por infracciones migratorias, principalmente el ingreso irregular al país austral.
Un cambio de ritmo en la política migratoria
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que este operativo ocurre a solo dos meses de iniciado el nuevo mandato. En su primer mes de gestión, la administración de Kast concretó 196 expulsiones, lo que representa un aumento del 33% frente al inicio del gobierno anterior. Pavez anunció que los operativos se intensificarán mediante nuevos vuelos y traslados terrestres en autobuses.
El presidente Kast calificó este procedimiento como el “primero de muchos”. El mandatario vinculó explícitamente la migración irregular con el incremento de la criminalidad. Actualmente, existen más de 44.000 personas en lista de espera para ser expulsadas de Chile. Esta política busca reforzar el control fronterizo, el cual ya registra una caída del 67% en denuncias por ingresos clandestinos en el último mes.
Desafíos diplomáticos y situación en Colombia
A pesar de la magnitud del operativo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó no haber recibido información oficial previa sobre este vuelo. Las autoridades colombianas aclararon que los repatriados no serán privados de la libertad en el país, a menos que tengan procesos judiciales pendientes ante la justicia local.
El gobierno chileno enfrenta un reto logístico adicional con la población venezolana, que representa el 65% de los migrantes sujetos a expulsión. Debido a la suspensión de relaciones diplomáticas con Caracas, Chile evalúa utilizar a terceros países como puente aéreo para facilitar estos traslados. Por ahora, el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamin) mantendrá la frecuencia de las salidas forzosas para restablecer el orden interno.
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