Horas antes de asumir la Presidencia, el nuevo gobierno ya tenía lista su primera orden para el sistema carcelario. La tarde del 7 de agosto, el Inpec trasladó desde la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, a varios reclusos calificados como de “alto perfil” o “máxima peligrosidad”.
Así lo revelaron fuentes consultadas por El Espectador dentro de la entidad penitenciaria. El operativo, con un fuerte esquema de seguridad, se conoció primero por videos que circularon en redes sociales mostrando la salida de camionetas del Inpec desde el penal.
De acuerdo con la información recogida por ese medio, se firmó una resolución para trasladar a cabecillas asociados a la estructura conocida como la Oficina de Envigado. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó que en total fueron movidos 103 reclusos hacia centros de máxima seguridad en Bogotá.
Otros de los lugares corresponden a Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y otras ciudades del país. El Tiempo, por su parte, habló de “cerca de 100” traslados hacia esos mismos destinos.
Entre los trasladados estarían los alias Douglas, “Carlos Pesebre” y “El Indio”. Los tres hacen parte del grupo de nueve cabecillas que, el 21 de junio de 2025, subieron a una tarima junto al entonces presidente Gustavo Petro en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, durante un acto de la mesa de paz urbana que despertó fuerte controversia nacional. Vale aclarar que, hasta el cierre de esta nota, el Inpec no ha confirmado oficialmente la identidad de los reclusos movidos.
Un traslado que llega cargado de simbolismo
El hecho no es menor si se tiene en cuenta el origen de la polémica. Aquel 21 de junio, los entonces reclusos —hoy condenados por delitos graves— compartieron tarima con el presidente Petro y varios de sus funcionarios como parte de la estrategia de paz urbana con bandas de Medellín. El episodio derivó en una investigación previa de la Comisión de Acusación de la Cámara contra el propio Petro y en un proceso penal contra el entonces director de custodia de la cárcel de Itagüí, acusado de autorizar la salida sin aval judicial.
En ese mismo listado de traslados también apareció Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, movida hacia la cárcel La Picaleña de Ibagué por los privilegios que tenía en el centro de reclusión de Carabineros de la Policía. Su caso, sin embargo, no está relacionado con el ‘tarimazo’: responde a un proceso distinto dentro de la misma jornada de reorganización carcelaria.
Lea también: “Combatir a todas las estructuras criminales”: primera orden de De La Espriella
El discurso que acompañó la decisión
El traslado se dio en paralelo al primer discurso de Abelardo De La Espriella como presidente, pronunciado desde el Batallón Pichincha, en Cali, ante mandos militares. Allí anunció el fin de la política de negociación con estructuras criminales que caracterizó al gobierno saliente. “La opción del diálogo está agotada; el Estado fue suficientemente noble y cómplice. En la era del Tigre será contundente y certero contra el crimen”, afirmó el mandatario.
De La Espriella también dijo que en las próximas horas su gobierno expedirá un listado de grupos “narcoterroristas” para dotar a la Fuerza Pública de herramientas legales de combate. Y fue enfático en el tono: “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”.
No todo termina en los traslados.
El presidente adelantó además que retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos con herbicidas que, según dijo, no representan daño para las comunidades. Ese anuncio, junto con el listado de grupos armados prometido para las próximas horas, define el mapa de las primeras medidas de seguridad de su gobierno.
