El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró que el anuncio del presidente Abelardo De la Espriella de deportar a migrantes “ilegales” no afecta a los venezolanos que llegaron al país durante la crisis migratoria de los últimos años y que ya cuentan con algún régimen de regularización. La precisión la hizo en entrevista con Noticias Caracol.
Según explicó el funcionario, cerca de 2 millones de personas ingresaron a Colombia entre 2019 y 2021 en medio de la crisis migratoria venezolana. Alrededor del 90 % de ellas fue objeto de algún mecanismo legal de regularización. Ese grupo, dijo Lara, queda por fuera de los operativos de deportación anunciados por De La Espriella.
El foco está en las redes criminales, no en los migrantes regularizados
“El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en crisis”, afirmó Lara. Además, precisó que la medida presidencial apunta contra organizaciones que se lucran del tráfico de personas en zonas como el Darién, la selvática ruta migratoria entre Colombia y Panamá.
El ministro mencionó puntualmente al Clan del Golfo como una de las estructuras que opera en esa región. Dijo que se beneficia económicamente del paso irregular de migrantes. De acuerdo con Lara, esas organizaciones son las que el Gobierno busca golpear con los operativos de deportación. No a la población venezolana que ya se encuentra regularizada en el país.
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 25, 2026
Una precisión que responde a la inquietud generada por el anuncio presidencial
El anuncio original de De la Espriella sobre la deportación de migrantes en situación irregular generó dudas sobre su alcance, especialmente entre la numerosa comunidad venezolana radicada en Colombia. La aclaración de Lara busca despejar esa incertidumbre y delimitar el universo de personas que sí podrían ser objeto de la medida: quienes se encuentran en situación irregular y no cuentan con ningún mecanismo de protección o regularización vigente.
El ministro no detalló, en los apartes conocidos de la entrevista, cómo operará en la práctica la identificación de las redes criminales ni qué procedimiento seguirán las autoridades migratorias para diferenciar, sobre el terreno, entre un migrante irregular vinculado a estas estructuras y uno que no lo está.
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