La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes que estarían vinculados a un grupo de presuntos testaferros de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’. El fallecido narcotraficante fue uno de los jefes del Cartel de Cali.
Los activos tienen un avalúo preliminar superior a $44.900 millones. Están ubicados en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, en Antioquia.
La decisión la tomó un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Las diligencias estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército.
Cómo se habrían escondido los bienes durante años
Según la Fiscalía, el hallazgo fue posible gracias al rastreo de movimientos patrimoniales y operaciones financieras. De acuerdo con el ente acusador, durante varios años se usaron personas y empresas de distintos sectores para ocultar, transformar y administrar los bienes. El objetivo, según la investigación, era darles apariencia de legalidad y sacarlos del radar de las autoridades.
La Fiscalía menciona negocios de nueve sectores:
- Inmobiliario y constructor
- Financiero y cambiario
- Hotelero
- Aeronáutico
- Avícola y porcícola
- Juegos de suerte y azar
Esto es lo que quedó bajo medidas cautelares
Los bienes incluyen inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. Así quedaron distribuidos, según la Fiscalía:
- Bogotá: un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales.
- Cali: dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio.
- Jamundí: un edificio de cuatro pisos donde funcionaba un hotel, y un lote.
- Tuluá: un terreno.
- Sonsón (Antioquia): siete predios que forman la hacienda La Porcelana, de 1.083 hectáreas.
La hacienda es el activo más extenso del paquete.
¿Esto significa que el Estado ya es dueño de los bienes?
No todavía, y hay algo que vale la pena aclarar. Las medidas impuestas son de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión. En pocas palabras, los propietarios no pueden vender ni negociar los bienes mientras avanza el proceso, y el Estado asume su administración de manera provisional.
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La extinción de dominio es un proceso distinto al penal: no busca condenar a una persona, sino definir si unos bienes tienen origen ilícito. La decisión final la toma un juez especializado, y los afectados pueden defenderse y presentar pruebas.
