Los representantes a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, radicaron este 1 de septiembre un proyecto de ley conocido como “Ley Anticapuchos”, que busca sancionar penalmente a quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas. La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de otros congresistas de distintas bancadas.
El proyecto plantea penas de entre 54 y 96 meses de prisión, junto con multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes usen máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para dificultar su identificación mientras cometen actos vandálicos en protestas, movilizaciones o concentraciones públicas. Según sus autores, se trataría de un delito no excarcelable.
También busca endurecer las penas por bloquear vías
Más allá del ocultamiento de identidad, la iniciativa también aborda el bloqueo de vías. Arizabaleta cuestionó las consecuencias actuales para quienes incurren en esta conducta: “Bloquear vías en Colombia siempre ha sido prohibido, pero ha tenido una pena muy pequeña. Entonces, es excarcelable. No hay una sola persona en este país que esté en la cárcel por bloqueo de vías”, afirmó el congresista, y calificó esa situación como paradójica tratándose, según dijo, del país más bloqueado de América Latina.
El proyecto plantea, para quienes inciten, dirijan, constriñan o suministren recursos para obstaculizar vías o sistemas de transporte de forma que afecte la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, penas similares a las del ocultamiento de identidad: entre 54 y 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de la condena.
“No va en contravía del derecho a la protesta”, dice Arizabaleta
El congresista insistió en que la iniciativa no busca limitar la protesta social, sino dar herramientas a la Fuerza Pública para garantizarla. “Con esto lo que estoy haciendo es darle herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica”, señaló. Agregó que quienes lo escuchan han salido siempre a manifestarse con el rostro descubierto, sin encapucharse.
Arizabaleta explicó que el foco de la propuesta es exclusivamente el uso del anonimato para delinquir, no la protesta en sí misma.
Por qué Cali es la referencia central del proyecto
Arizabaleta, oriundo de Cali, señaló que el tema tiene para él un componente simbólico. “Nosotros venimos de Cali y sabemos que bloquear de manera sostenida una ciudad es terrorismo”, afirmó, y agregó que su ciudad “ha sido afectada de manera permanente” por bloqueadores y encapuchados, en referencia al paro nacional de 2021, que dejó a Cali como uno de los epicentros de los bloqueos en el país.
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Según el congresista, esa situación no se limitó a las semanas del paro. Sostuvo que, desde entonces, los bloqueos se han repetido de manera recurrente tanto en Cali como en Bogotá.
El proyecto apenas fue radicado y debe surtir el trámite legislativo ordinario. Este incluye su paso por las comisiones correspondientes y varios debates en el Congreso antes de convertirse en ley.
