El régimen de Daniel Ortega ha intensificado su ataque contra la Iglesia Católica en Nicaragua con un nuevo ultimátum: todas las monjas deben abandonar el país antes del 31 de diciembre. Según Martha Patricia Molina, abogada e investigadora, en las próximas semanas se espera un éxodo de religiosas a través de los aeropuertos y puestos fronterizos del país. Muchas de estas monjas buscarán refugio en otros países latinoamericanos donde sus congregaciones ya tienen comunidades establecidas.
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Este ultimátum forma parte de una serie de medidas represivas contra la Iglesia Católica. Desde abril de 2018, más de 250 miembros del clero y de órdenes religiosas han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio. Además, el régimen de Ortega ha confiscado propiedades de la Iglesia y disuelto organizaciones sin fines de lucro relacionadas con actividades religiosas, limitando así la capacidad de las monjas para operar en el país.
Nicaragua ataca a la iglesia católica y afecta a los sacerdotes
El ataque a la Iglesia también ha afectado a los sacerdotes. Recientemente, el 29 de noviembre, el padre Asdrúbal Zeledón Ruiz fue expulsado de la diócesis de Jinotega. En los últimos meses, varios sacerdotes han sido detenidos y deportados, incluidos los casos del padre Floriano Ceferino Vargas. Quien fue arrestado tras una misa y luego expulsado a Panamá.
Esta represión contra las figuras religiosas en Nicaragua ha sido constante desde 2018, y sigue intensificándose a medida que el régimen busca silenciar a la oposición y consolidar su poder. Adicionalmente, de las expulsiones, el régimen ha despojado a la Iglesia de su estatus legal y ha borrado su presencia en la sociedad nicaragüense al confiscando propiedades eclesiásticas.
La situación refleja una crisis humanitaria en Nicaragua, donde el desplazamiento forzado de religiosas y sacerdotes forma parte de una estrategia más amplia para controlar el país. Pues aislarlo de la comunidad internacional y erradicar cualquier forma de resistencia interna.
