El caso Valeria Afanador suma un nuevo capítulo. Sus padres pidieron a la Fiscalía imputar cargos a la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá. La petición llegó después de que la Gobernación de Cundinamarca ratificara la cancelación de la licencia del colegio.
Luisa Cárdenas, madre de la niña, explicó que la familia solicitó formalmente avanzar contra la rectora, Sonia Inés Ochoa, y otros dos docentes, por su presunta responsabilidad en los hechos. Según dijo, dos profesores ya fueron imputados y tienen pendiente una audiencia de acusación. Las solicitudes sobre la rectora siguen a la espera de una decisión de las autoridades.
Sobre ella, Cárdenas sostuvo que su condición de representante legal exige examinar su posible responsabilidad frente al deber de cuidado de los estudiantes.
Lo que cuestiona la familia en el caso Valeria Afanador
Manuel Afanador, padre de la niña, expresó su preocupación por el avance de la investigación. A su juicio, todavía no existe una reconstrucción científica suficiente de los hechos. También mencionó diligencias pendientes en Medicina Legal y la necesidad de incorporar nuevas pruebas al expediente.
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Además, la familia pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cambiar a la fiscal encargada del caso, por presuntas situaciones de revictimización y negligencia. Según el padre, la solicitud fue negada por escrito.
Valeria, de 10 años, desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras estaba en su colegio. Su cuerpo fue hallado el 29 de agosto en el sector de Fagua, en el río Frío, a unos 220 metros de la institución.
Qué sigue para el colegio
La Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026 confirmó la Resolución 004627 del 19 de junio, que declaró administrativamente responsable al colegio. Con ella se agotó la vía gubernativa: contra esa decisión no procede ningún recurso.
Mientras tanto, según el padre, el plantel sigue funcionando y sus directivas han manifestado su intención de mantener las actividades. La Gobernación ordenó que la rectora presente, a más tardar el 31 de octubre de 2026, un plan de reubicación para los estudiantes, con atención especial a quienes tengan discapacidad, necesidades educativas especiales o procesos terapéuticos.
La familia insiste en que las decisiones administrativas no sustituyen las investigaciones penales, que siguen pendientes de lo que resuelva la Fiscalía.
