Una juez de control de garantías de Bogotá ordenó que las audiencias del proceso penal contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo se realicen de manera reservada. La decisión, tomada por la juez 41 de Control de Garantías de Bogotá, acogió la solicitud de una de las presuntas víctimas, respaldada por la Fiscalía, con el argumento de proteger los derechos e intimidad de las cuatro mujeres que, según el ente acusador, habrían sido víctimas de violencia sexual.
La determinación se conoció durante la diligencia de imputación de cargos, en la que la fiscal del caso explicó que la reserva busca evitar una eventual revictimización de las denunciantes.
La Fiscalía General de la Nación había citado a Vargas a audiencia el lunes 3 de agosto, con el propósito de imputarle cargos por presunto acoso sexual. Este martes, según lo previsto, debía conocerse si el presentador acepta o no los señalamientos en su contra.
Cuatro denuncias en un ambiente laboral
La investigación es adelantada por una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se refiere a hechos que, según el ente investigador, habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en un contexto laboral. La imputación corresponde al presunto delito de acoso sexual y el proceso se sustenta en los testimonios de cuatro presuntas víctimas, señaladas como compañeras de trabajo de Vargas. El comunicado de la defensa del presentador precisó que las denunciantes trabajaron en Caracol Televisión.
Dentro del expediente, la Fiscalía incluyó chats y mensajes que, según los investigadores, tendrían contenido de tipo sexual. El caso quedó a cargo de un equipo especial coordinado por la fiscal tercera delegada, conformado por orden directa de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El presentador mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La defensa: silencio no es culpabilidad
Horas antes de la audiencia, la firma Riveros Bazzani —representada por María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya— informó que asumió la defensa técnica de Vargas para acompañarlo en la imputación y en las siguientes etapas del proceso.
En su comunicado, la defensa aclaró que no fue ella quien pidió que las audiencias fueran reservadas, en respuesta a versiones que circulaban al respecto. Sobre la actitud pública del presentador, el despacho señaló que su silencio “no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”, y explicó que esa decisión responde a permitir que el proceso avance por los cauces institucionales.
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El abogado Juan David Bazzani planteó ante la juez que “no es necesaria la anonimización y la reserva del caso” y que bastaría con aplicar solo una de esas dos medidas, además de insistir en el respeto a la presunción de inocencia de su defendido. Pese a ese argumento, la juez optó por decretar la reserva.
Un caso dentro de un proceso más amplio
El proceso contra Vargas hace parte de un macrocaso que la Fiscalía abrió luego de conocerse varias denuncias de violencia sexual en medios de comunicación. Entre los señalados también está el periodista deportivo Ricardo Orrego, cuyo caso continúa en investigación. Ambos hombres salieron de sus trabajos en medio del escándalo, y la Fiscalía continúa indagando otros nombres dentro del mismo macrocaso.
La reserva de un proceso penal no es la regla general en Colombia. La jurisprudencia constitucional establece que las actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones puntuales relacionadas con menores de edad o seguridad nacional; en este caso, la medida se sustentó en la protección de la intimidad y la integridad de las denunciantes.
