El expresidente Gustavo Petro, dirigente del Pacto Histórico, aseguró que el partido “no se divide”. Lo hizo tras el voto a favor de los cinco representantes petristas de la Comisión de Acusaciones para trasladar de la Fiscalía a esa instancia del Congreso la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunta creación de grupos paramilitares.
“Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”, dijo el exmandatario. Además, insistió en que debe haber una Corte de cierre en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para investigar todos los delitos de lesa humanidad del país.
Contexto: Fiscalía mantiene investigación a Álvaro Uribe por masacres y rechaza ceder el caso.
La polémica votación en la Comisión de Acusaciones sobre el caso Uribe
Los representantes del Pacto e integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Jorge Hernán Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro y Alejandro Toro votarona favor de una carta que pide a la Fiscalía trasladar el expediente contra el expresidente Uribe por presunta creación de grupos paramilitares en Antioquia. El documento es de autoría del representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca.
“En sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes quien asuma el conocimiento de la referida actuación”, se lee en la carta.
El argumento principal es que los hechos habrían ocurrido mientras Uribe era presidente. Sin embargo, la Fiscalía cerró la posibilidad y aseguró que no era suficiente que los hechos se dieran en el periodo presidencial. Aún así, generó polémica al interior de la bancada. Los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho aseguraron que la competencia solo recae en la Fiscalía. Por su parte, la bancada petrista de la Comisión se defendió.
“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, dice la carta de la bancada. “Definir con claridad la autoridad competente es una garantía para la propia investigación”, agregó.
La investigación contra Uribe por la masacre de El Aro y La Granja
El pasado 19 de junio, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió una investigación contra el expresidente Uribe por presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. En el caso se investigan las masacres de La Granja en 1996 y de El Aro en 1997, ambas ocurridas mientras Uribe era gobernador de Antioquia.
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 en Ituango. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas y decenas de desplazados. Por su parte, la masacre de El Aro ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 a manos de los paramilitares. Más de 17 campesinos fueron asesinados y torturados y más de 700 habitantes sufrieron de desplazamiento forzado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la clasificó como delito de lesa humanidad y responsabilizó al Estado.
Uribe también debe responder por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998. Fue uno de los principales denunciantes de las masacres anteriores, así como de la alianza entre los paramilitares y la Fuerza Pública. Por sus denuncias, Uribe lo señaló públicamente como “enemigo de las Fuerzas Armadas” mientras era gobernador de Antioquia.
Lea también: “No actúo con venganza”: Petro responde al sorpresivo agradecimiento de Uribe.
