La Fiscalía General de la Nación le respondió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que mantendrá bajo su competencia la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. El ente investigador descartó que el proceso deba trasladarse al Congreso, según informó este jueves.
La respuesta llegó después de que la Comisión de Acusación le pidiera formalmente a la Fiscalía, mediante una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que remitiera el expediente al Legislativo.
La solicitud había sido aprobada por unanimidad el pasado 19 de agosto y estaba firmada por el presidente de la Comisión, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux.
Por qué el Congreso pedía el caso
El argumento de la Comisión era de tipo temporal. Los hechos investigados relacionados con un grupo paramilitar que habría operado en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, conocido posteriormente como Bloque Metro.
Habrían ocurrido en 2003, cuando Uribe ejercía como presidente de la República, entre 2002 y 2010. Bajo esa lectura, el caso debía corresponder a la Cámara como juez natural de los aforados, con miras a una eventual acusación ante el Senado.
La Fiscalía, sin embargo, trazó una distinción: no basta con que los hechos hayan ocurrido durante el periodo presidencial de Uribe para activar el fuero constitucional; es necesario que estén relacionados con el ejercicio mismo del cargo.
Con base en criterios de la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador concluyó que las conductas que se indagan corresponden a los presuntos vínculos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando era gobernador de Antioquia, no cuando fue presidente.
Un conflicto que ahora deberá resolver la Corte Constitucional
Al mantenerse ambas autoridades interesadas en el expediente, se configuró lo que en términos jurídicos se conoce como un conflicto positivo de competencias. Según El Tiempo, la fiscal delegada Marcela Abadía comunicó la decisión al representante Cuenca la tarde de este jueves, y precisó que el proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000 por los presuntos delitos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango.
Mientras se resuelve el conflicto de competencias, la investigación continúa en cabeza de la Fiscalía. La indagatoria contra Uribe sigue programada para el próximo 4 de septiembre en el búnker de la entidad.
De qué se le investiga a Uribe
El proceso se activó el pasado 18 de junio, cuando el propio Uribe informó que había sido llamado a indagatoria por su presunta relación con hechos violentos ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, mientras ejercía como gobernador del departamento.
La investigación cubre la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998.
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La Fiscalía indaga a Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que habría facilitado el accionar de grupos armados con base de operaciones en la Hacienda Guacharacas.
Uribe y su abogado, Jaime Granados, han negado durante años estas acusaciones. Granados ha sostenido, que no existe ninguna prueba que vincule al exgobernador y expresidente con estos hechos.
